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Colegio de abogados somete a directora de Oficina de Defensa Pública

Colegio de abogados somete a directora de Oficina de Defensa Pública
Colegio de abogados somete a directora de Oficina de Defensa Pública
Miguel Surun Hernández

Miguel Surun Hernández

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Colegio de Abogados de la República Dominicana sometió a la justicia a la Oficina Nacional de la Defensa Pública y su directora Laura Hernández, por incurrir en violaciones a la Ley y la Constitución de la República.

Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, en compañía de varios juristas depositó un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de dicha entidad y su directora para que cesen las prácticas calificadas como ilegales.

Surun Hernández denunció que la Oficina Nacional de Defensa Pública ha cometido graves irregularidades al ofrecer servicios a personas adineradas provocando competencia desleal en perjuicio del ejercicio privado del Derecho.

Explicó que con estas acciones dicha oficina viola el artículo 43 la Ley 277-04 de Defensa Pública, el artículo 11  de la Ley 821 de Organización Judicial y la Constitución de la República.

“Tenemos pruebas contundentes que avalan nuestra acción legal sobre varios casos en los que defensores públicos representan a personas adineradas afectando el ejercicio privado de la abogacía y a las personas de escasos recursos que necesitan el servicio. Tenemos informes de defensores públicos que manejan hasta 700 casos en perjuicio de los usuarios y uno de los acusados de los Super Tucano fue defendido por la defensa pública”, expresó el gremialista.

También hemos recibido denuncias de que personas adineradas reciben mayor y mejor atención que los demás, así como de cobros y sobornos por parte defensores públicos, agregó.

El presidente del CARD, informó que intensificará la lucha en busca del cese inmediato de las medidas discriminatorias contra el ejercicio de la abogacía privada, para que se garantice la igualdad de acceso, de acuerdos, del trato de los abogados públicos y privados a los tribunales, jueces, fiscales, cárceles, destacamentos y entes públicos.

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