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Colorado implementará un programa federal que identifica a criminales extranjeros

Colorado implementará un programa federal que identifica a criminales extranjeros
Colorado implementará un programa federal que identifica a criminales extranjeros

Inmigrantes indocumentados en EE.UU

DENVER, Estados Unidos.- El gobernador de Colorado, Bill Ritter, anunció hoy la firma de un acuerdo con el gobierno federal para implementar el programa Comunidades Seguras para identificar y deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales.

Colorado se suma a otros 35 estados en donde ya funciona Comunidades Seguras y se espera que el programa esté en funcionamiento en todo el país para el 2013, según la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).

Ritter indicó que aceptó firmar el acuerdo debido a que ICE accedió a dos modificaciones. Primero, la agencia federal proveerá reportes trimestrales y estadísticas al gobierno de Colorado para que las autoridades locales decidan si el programa funciona o no.

Segundo, ICE se habría comprometido a proteger a los indocumentados que denuncien delitos, aunque “quedará a discreción de ICE la manera de operar el programa”.

“Estas modificaciones, específicas para Colorado, nos han permitido contribuir al diálogo nacional sobre cómo mejorar a Comunidades Seguras, por lo que el programa es mejor hoy para Colorado y será mejor para el resto del país cuando sea obligatorio a nivel nacional dentro de dos años”, sostuvo Ritter.

El mandatario demócrata puntualizó que el programa se enfoca en inmigrantes indocumentados que fueron arrestados. Por medio de Comunidades Seguras, las autoridades locales pueden acceder a bases de datos federales de huellas digitales para determinar la identidad y situación inmigratoria de una persona.

Según Carl Rusnok, portavoz regional de ICE, la meta de Comunidades Seguras es “mejorar la seguridad pública al identificar y remover extranjeros criminales de nuestras calles”.

Rusnok indicó que el gobierno federal estima que un millón de extranjeros son arrestados cada año en Estados Unidos y es difícil saber cuántos de ellos son indocumentados.

Por eso, una vez que se implementa Comunidades Seguras en un estado, las cárceles locales deben obligatoriamente enviar las huellas dactilares de cada detenido al FBI y al Departamento de Seguridad Nacional. Si se determina que es un extranjero con antecedentes, se inicia el proceso de deportación, dijo Rusnok.

Pero según los dirigentes de varios grupos pro-inmigrantes que se reunieron frente al Capitolio en Denver para protestar la firma del acuerdo, Comunidades Seguras no funciona como se lo describe ni las modificaciones mencionadas por Ritter son propias de Colorado.

Por ejemplo, ICE ya publicó estadísticas de Comunidades Seguras, incluyendo los delitos por los que se acusó a los inmigrantes arrestados y si eventualmente fueron deportados o no, como respuesta a una demanda judicial presentada el año pasado en Nueva York.

Kansas e Indiana también buscaron modificar el programa, pero ICE solamente accedió a cambios “que no alteren sustancialmente el funcionamiento de Comunidades Seguras”, dijo Rusnok.

Hans Meyer, director de políticas públicas de la Coalición de Colorado por los Derechos de los Inmigrantes (CIRC), consideró que Comunidades Seguras es “un programa con secretos y para deportaciones masivas”, en referencia a las más de 392.000 deportaciones hechas durante el año fiscal anterior, muchas de ellas, según Meyer, iniciadas por Comunidades Seguras.

“Es una gran desilusión que el gobernador Ritter haya firmado este acuerdo porque creíamos que su administración parecía tener la intención de gestionar una política mejor”, declaró Meyer.

Joseph Salazar, abogado y profesor del Colegio Estatal Metropolitano de Denver, opinó que Comunidades Seguras “puede llevar a casos de racismo y de violación de los derechos constitucionales” de los detenidos, porque el programa se basa en el arresto de personas “pero no en que esas personas hayan sido encontradas culpables”.

Salazar fue el encargado de revisar las 3.000 páginas del acuerdo. En junio pasado, le pidió a Ritter que no lo firmase. El Concejo municipal de Denver y el congresista Jared Polis también realizaron el mismo pedido.

Según Salazar, entre octubre del 2008 y octubre del 2009 más de 6.000 ciudadanos de Estados Unidos fueron deportados por errores en la base de datos de Comunidades Seguras. Y un 93 por ciento de los inmigrantes deportados no cometieron delitos graves.

Por su parte, Alan Kaplan, portavoz de CIRC, expresó que “Comunidades Seguras es en realidad una amplia red para capturar a inmigrantes, socavando los esfuerzos de la policía, destruyendo familias y provocando que las víctimas y testigos de crímenes se mantengan ocultos”.

David Felice, jefe de policía de Durango (en el sur de Colorado) declaró hoy que “Comunidades Seguras tendrá un efecto negativo en la seguridad pública de nuestra comunidad”.

Y frente al Capitolio de Denver, “Jazmín”, una inmigrante indocumentada víctima de violencia doméstica, afirmó que desde ahora otras mujeres en esa misma situación ya no llamarán a la policía “porque tendrán más miedo de la policía que de la persona a la que denuncian”.

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