Ginebra.- Un comité de la ONU que vela por el respeto de los derechos económicos y sociales se hizo eco hoy de la persecución y riesgos que han sufrido en Nicaragua quienes protestaron pacíficamente contra decisiones del Gobierno o que denunciaron irregularidades en la gestión de la pandemia, en particular maestros, catedráticos y personal médico.
Criticó también la falta de datos sobre la verdadera situación económica del país y de los servicios sociales, así como la corrupción.
El Gobierno de Nicaragua -dirigido por Daniel Ortega, en el poder desde 2007 y que se presenta a un nuevo mandato el próximo 7 de noviembre- presentó con retraso al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales el informe que le correspondía sobre cómo garantiza este grupo de derechos, pero se negó a hacer cualquier aportación adicional, a responder preguntas o a entablar un diálogo con los miembros de esta instancia de la ONU.
Así lo recoge el Comité en su informe final sobre Nicaragua, país al que dedicó dos jornadas de trabajo con la intención de formular preguntas y recibir información de sus representantes, teniendo que contentarse con el silencio del embajador nicaragüense en Suiza, quien además participó de forma virtual.
En las conclusiones de su informe, el grupo de expertos de la ONU se refiere a los despidos injustificados de maestros y catedráticos por haber participado en las protestas que tuvieron lugar entre abril y agosto de 2018.
Del mismo modo, denuncia los despidos de personal médico que decidió no obedecer a las órdenes de negar atención a los heridos en esas protestas, así como en el contexto de la pandemia.
Sobre la forma en que se está gestionando esta crisis sanitaria, el informe señala las discrepancias existentes entre las cifras oficiales de contagios y muertes y las que han registrado organizaciones de la sociedad civil e informes científicos, además de la falta de cooperación y de información para analizar la evolución de la pandemia de forma independiente.
El Gobierno también negó al comité información relacionada con su plan de vacunación.
El informe dedica un apartado a los «altos niveles de corrupción e impunidad persistentes en el Estado».
En el proceso de evaluación de Nicaragua, las autoridades no entregaron al comité los datos que solicitó sobre la proporción del gasto público que se destina a prioridades sociales, como alimentación, agua, salud o educación, y el comité considera preocupantes las informaciones sobre la disminución de fondos para estos dos últimos sectores.
En el área educativa, el comité pide que se respete la libertad de cátedra, de pensamiento y opinión en el contexto universitario, donde la gestión académica se vincularía «cada vez más a intereses políticos-partidarios».
Por otra parte, se lamenta que la protección social de la población sea tan escasa. Según cifras del Gobierno, sólo el 11,9 % de la población está amparada por la Seguridad Social, lo que representa al 26 % de la población económicamente activa.