SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El caos protagonizado este martes por choferes del transporte público que obstruyeron el paso por avenidas del Gran Santo Domingo es un hecho incalificable que amerita la condena unánime de la ciudadanía.
En una sociedad que aspira a ser regida por la ley y el orden, este tipo de comportamiento abusivo e incivilizado no puede ser admitido como un mecanismo legítimo para hacer reclamos a las autoridades.
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El derecho a la protesta cívica, garantizado por la Constitución de la República, no autoriza a ningún grupo o sector a violentar las normas de convivencia y afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas.
Cientos de empleados llegaron tarde a sus centros de trabajo y estudiantes perdieron clases al quedar virtualmente atrapados en medio del gran entaponamiento provocado por los choferes.
¿Qué hubiera pasado si por la obstrucción de las vías, algunos pacientes transportados de emergencia en ambulancias tuvieran un agravamiento de su estado o fallecieran al no tener una asistencia médica oportuna?
Independientemente de la justeza o no de sus reclamos, ¿en algún momento estos transportistas se han detenido a meditar sobre los efectos contraproducentes que producen estas manifestaciones, ya que ponen en peligro algo tan sagrado como la vida humana?
Es obvio que la sensatez, el equilibrio y el buen juicio han estado ausentes por completo en el desarrollo de este tipo de demostraciones, que contradicen los esfuerzos de encarrilar al país por un sendero institucional y de armonía.
Si los choferes tienen algún argumento válido para defender el paso de sus vehículos por los túneles y elevados, éstos tienen que ser expuestos en otro escenario y sin recurrir a acciones ilegales.
A la Autoridad Metropolitana de Transporte cabe preguntar por qué hizo este operativo de forma abrupta, luego de que durante años tolerara una práctica que considera violatoria de la ley.
¿No hubiera sido más prudente y menos proclive a previsibles enfrentamientos, si la intervención de la Amet fuera precedida por una advertencia pública y una campaña de orientación para que nadie pudiera alegar luego desconocimiento?
Lo acontecido demuestra lo desafortunado que a la postre resulta tolerar comportamientos anómalos que en la práctica llegan a ser considerados normales, aunque finalmente deben ser enfrentados y no de la mejor manera.
Lo relevante ahora es ver de qué manera se puede evitar la repetición de este desorden y de una vez por todas someter a los choferes al imperio de la ley.
Bajo ninguna circunstancia pueden seguir actuando como si fueran los dueños del país, tal como los ha definido Radhames Gomez Pepin, ese gran maestro del periodismo, por sus continuos desafueros.