El Procurador General de la República ha dado un plazo de cuarenta y ocho horas a todas las distintas entidades públicas que contrataron obras con la empresa brasileña Odebretch para que presenten la documentación relacionada con dichas operaciones y los nombres de los funcionarios y personas que de alguna forma intervinieron en su adjudicación.
Es un primer paso positivo y necesario, sobre todo ahora que de acuerdo a lo informado, la Fiscalía de Nueva York que intervino en el arreglo hecho por la multinacional carioca con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ha dado por cerrado el escandaloso expediente de corrupción a nivel internacional, sin ofrecer los nombres de quienes en cada uno de los países y más de un centenar de obras contratadas, recibieron los sobornos.
(Incidentalmente, es una buena oportunidad para que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos facilite los nombre de los implicados locales
dando validez y sustento a las afirmaciones de su embajador en el país, quien en dos ocasiones en que figuró como orador invitado en el almuerzo mensual de la Cámara de Comercio América y en otros escenarios y oportunidades, puso muy aplaudido énfasis en la necesidad de enfrentar la corrupción así como la disposición de su país en cooperar con las autoridades dominicanas para lograrlo).
Obviamente obtener esa información de la fuente donde se negoció el arreglo facilitaría enormemente el trabajo de llevar ante la Justicia a quienes aquí participaron en el cuantioso soborno de 92 millones de dólares, admitido por la Odebretch, para lograr las distintas obras que ha ejecutado y tiene en vías de realización en el país. Pero si bien el no disponerla hace más trabajosa la investigación, en modo alguno la excusa.
Ya anteriormente habíamos señalado que para los Estados Unidos este caso más que de carácter penal era de orden financiero, debido a que la forma de proceder de la implicada compañía brasileña excluyó toda posibilidad de que empresas norteamericanas pudieran competir en buena lid por los jugosos contratos que obtuvo.
De ahí, que el peso de las investigaciones haya sido llevado por su Departamento de Justicia y que la negociación con la Odebretch se haya limitado a imponerle multas a favor de los propios Estados Unidos, Brasil y Suiza, que superan el monto de los beneficios que se estima recibió por la ejecución de las obras obtenidas bajo las confesadas condiciones de soborno.
Pero para lo que al parecer para los Estados Unidos se limita a un simple tema de competencia ilegal y desleal que viola las normas éticas del comercio, para nosotros es además, de orden criminal. Esos 92 millones de dólares que fueron a manos de funcionarios e intermediarios inescrupulosos y les permitieron obtener y disfrutar de una cuantiosa fortuna o aumentar la que ya tenían de antes, seguramente fruto de operaciones igualmente ilícitas, constituyen un vergonzoso saqueo de los fondos públicos y el patrimonio de los contribuyentes.
Puesto al desnudo este escandaloso expediente de corrupción, que además compromete y coloca a nivel de guarida de corruptos la imagen del país a nivel internacional, no hay excusa posible para poner en marcha los mecanismos de la Justicia. Para esta, constituye su más serio compromiso de credibilidad pero también oportunidad de redención si como sería deseable, descubre todo los hilos de la trama, identifica, somete y se sanciona a los responsables con todo el rigor que demandan estos impúdicos actos de corrupción sin pretextos, complicidades, favoritismos ni compadrazgos, caiga quien caiga y llámese como se llame.
Al margen de la negociación a que llegó la empresa carioca con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, cabe suponer que nuestro país, que no intervino ni avaló ese arreglo, conserva de pleno derecho la posibilidad de encauzar una reclamación contra la Odebrecht por la sobrevaloración de los contratos obtenidos por vía de soborno. Y en este caso, es oportuno investigar si a más de esos 92 millones de dólares, no figuran costos inflados en los respectivos presupuestos cuya ejecución en todos los casos excedió el monto del proyectado originalmente, lo que incrementaría el monto del necesario reclamo y justa restitución. Que de esta calaña de inescrupulosos cabe esperar siempre lo peor.