Concertación, participación y pacto educativo

La convocatoria, mediante el decreto 228-13, a la organización, inicio y desarrollo de los debates y trabajos que habrán de culminar en un pacto nacional para la reforma educativa, previsto por la Ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, ha comenzado a generar un proceso que desde el primer momento muestra su pertinencia y su riqueza y que estamos seguros que con el correr de los días irá ampliándose, mejorando e intensificándose, en una dirección que promete ser muy positiva y necesaria para nuestra sociedad.

El inicio del proceso ha estado marcado por el enriquecimiento y ampliación del marco y las formas de las discusiones, pues la metodología concebida originalmente y puesta a circular desde la emisión del referido decreto, ha sido objeto de análisis y discusión, siendo enriquecida, modificada, agregándole procesos, mecanismos y garantías para ampliar el espectro de actores que participarán en este proceso de concertación y  para asegurar la calidad de las acciones y sus resultados esperados.

Cada vez más actores sociales, organizaciones de la sociedad civil, laborales, empresariales, comunitarias y de otra naturaleza, indican su interés en participar, realizan planteamientos sobre el sentido que debe orientar el pacto y sobre todo llaman la atención sobre la necesidad de que la participación en el proceso del pacto por la reforma de la educación sea lo más amplia posible. Se plantea la necesidad de consultas territoriales, de involucramiento de las comunidades educativas, de padres y madres, docentes, estudiantes, así como de los ámbitos de la formación profesional y los estudios superiores.

Esas expectativas y llamados son un indicador muy importante, porque señalan que son cada vez más los actores sociales y económicos que entienden la urgencia y pertinencia de establecer el marco de orientación y referencia para que nos dotemos de un sistema educativo que, desde la base hasta los niveles más elevados, contribuya al desarrollo humano, a la cohesión social, a la creación de capacidades y productividad como sociedad, promoviendo la dignificación de docentes, estudiantes y todos los actores que forman parte de la comunidad educativa, como una contribución fundamental a una mayor calidad de vida como sociedad. Y, hasta ahora, la reacción o respuesta de los responsables de la organización y gestión del proceso ha ido despejando cualquier duda sobre la vocación de amplitud y apertura del proceso.

La atención y sensibilidad hacia la necesidad de enfocarnos, de definir los principios y objetivos de la reforma educativa es consistente con la demostrada importancia que el Presidente Danilo Medina ha dado a la educación desde la formulación de su programa de gobierno, ratificada tanto en la puesta en marcha del conjunto de acciones, programas y políticas que lleva adelante esta administración como en los esfuerzos por transformar hacia la equidad y la eficiencia nuestro sistema de educación pre universitaria con la asignación del 4% del producto interno bruto.

El tema de la reforma educativa, el  concepto ampliamente democrático con que se ha diseñado, nos pone a prueba como sociedad. Si actuamos conforme a los valores y criterios que prácticamente todos los actores sociales están manifestando respecto del pacto educativo, entonces deberemos encarar las dificultades con una actitud abierta, constructiva, de acogida de toda propuesta y acción que vaya dirigida a fortalecer la calidad e integralidad.

Me parece que en ese sentido hemos comenzado bien, y no porque no hubiese aspectos y matices del inicio de la convocatoria que necesitaran mejoras, sino precisamente porque se ha entregado el proceso a sus protagonistas y hasta ahora se ha acogido e incorporado cuanta modificación o mejora haya sido planteada y justificada.

Siendo estas características las predominantes en el proceso del pacto por la reforma de la educación, entonces, lo que cabe es que cada sector, segmento u organización social asuma el reto de ir mejorando la calidad e integralidad del proceso: lo que se necesita es participación. Y no sólo participación sino incidencia, hacer que los resultados de cada fase o actividad tengan las características deseadas. Y eso sólo se logra generando un amplio espectro de trabajo colaborativo, de debate, de contraposición de criterios y de persuasión. En este sentido la capacidad de comunicación, de colocación de matices y temas en la agenda del pacto, en la opinión pública y en los diferentes escenarios de comunicación de la sociedad es un valor adicional.

Quienes estén preocupados porque algún tema, o algún actor o sector de la sociedad deba ser tomado en cuenta tienen las puertas abiertas para actuar, proponer, persuadir, incidir. Propongamos formas, generemos escenarios, coloquemos matices en el debate. Así avanzaremos hacia el pacto que necesitamos, el que recoja una verdadera concertación, una voluntad colectiva como expresión de un interés común construido mediante la negociación y la apertura.