Quito.- El exasambleísta ecuatoriano Peter Calo fue condenado este lunes a 19 años de cárcel por el delito de violación cometido en el ejercicio de su cargo contra una joven de 19 años, al ser hallado culpable por un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
Por unanimidad, los jueces Felipe Córdova, Rita Bravo y Luis Rivera también ordenaron también que Calo indemnice a la víctima con 10.000 dólares y pague una multa de 270.000 dólares, según reportó la Fiscalía General del Estado, encargada de la acusación contra el exparlamentario.
Además, los magistrados ordenaron la suspensión de los derechos de participación para el sentenciado y dispusieron el tratamiento psicológico para la víctima, la que ratificaron las medidas de protección dictadas previamente.
Los hechos ocurrieron en abril, presuntamente en un hostal del centro de Quito cercano a la Asamblea Nacional (Parlamento), donde la mujer alertó a las autoridades que había sido víctima de una violación y, en el mismo lugar detuvieron al entonces asambleísta, que formaba parte del movimiento político indígena Pachakutik.
En un primer momento al procesado se le dio la libertad condicional, sujeta al uso de un grillete electrónico, la presentación periódica ante el juzgado y la prohibición de salida del país.
Sin embargo, Calo se quitó el grillete electrónico el 14 de mayo y acto seguido se estableció un operativo para su captura, lo que se produjo horas más tarde y derivó en que la Justicia ordenara su ingreso en prisión al no haber respetado las condiciones de su libertad.
Durante la audiencia celebrada la pasada semana, Calo tuvo el respaldo del presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Leonidas Iza, quien acusó a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de ejercer una «persecución política» contra el exasambleísta.
«La señorita que denunció se retractó, pidió disculpas, dijo que no ha pasado. No puede ser que la Fiscalía siga con la teoría de que ha habido una agresión sexual», dijo Iza, en contra de que el Ministerio Público haya seguido de oficio la acusación.
El presidente de la Conie, cuyo brazo político es el movimiento indigenista Pachakutik, habló incluso de promover en la Asamblea Nacional (Parlamento) un juicio político para destituir a la fiscal general Salazar.
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