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Condenan a 30, 25 y 20 años de prisión implicados en asesinato hermano de ex gobernador de Barahona

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En la parte dispositiva de la sentencia se estableció que las condenas deberán ser cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria.

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Santo Domingo Este.- Los jueces del Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santo Domingo, presidido por la magistrada Josefina Ubiera Guerrero, condenaron a 30, 25 y 20 años de prisión a cinco hombres, encontrados culpables de torturar y estrangular al hoy occiso Julio Aníbal Peña Rubio, hermano de ex gobernador de Barahona.


Los condenados a 30 años de prisión son los imputados Jeisy de Oleo Pérez (a) Patú y Wander Paniagua Hernández (a) Yeiron y/o El Flaco, mientras que a Fernando Gabriel Michel (a) Pola, le fue impuesta condena de 25 años de prisión. En tanto, Wilmer Cruz Luperón (a) Mantequilla y Lorenzo Pérez, fueron condenados a 20 años de prisión respectivamente.


La acusación presentada por la Fiscalía establece que Gabriel Michel (a) Pola confesó que el hecho fue planificado por López García (a) El Cangrejo (prófugo) y De Oleo Pérez (a) El Patú, quienes crearon un perfil falso en una red social, con el nombre “Daniela”, con la intención de quitarle el dinero a la víctima.


Se recuerda que, en noviembre del 2022, la víctima fue raptada y llevada a una casa del sector El Tamarindo, del municipio Santo Domingo Este, en donde fue torturado por dos días sin darle agua ni comida, estrangulándolo y posteriormente matándolo, luego lanzaron su cadáver a las aguas del río Ozama, donde fue recuperado por las autoridades.


El tribunal declaró culpables a los cinco imputados por haber violado los artículos 265, 266, 295, 303, 304, 379, 382,384, 385 y 386, del Código Penal Dominicano, que tipifican y sanciona la asociación de malhechores, para cometer homicidio voluntario, rapto, robo agravado, así como también actos de tortura y barbarie.


Además de los años de prisión, el tribunal colegiado impuso a los condenados el pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de los querellantes y actores civiles del proceso, como justa compensación y reparación del daño recibido.


En la parte dispositiva de la sentencia se estableció que las condenas deberán ser cumplidas en la penitenciaría nacional de La Victoria.


Los familiares de la víctima mostraron su agradecimiento a los jueces por haber hecho justicia, además reconocieron el trabajo hecho por el Ministerio Público y sus abogados el doctor Víctor Marte Fernández y los licenciados Welkin Cuevas Peña y Josué Hiraldo Cruz.

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