Condenan en Chile a dos excarabineros por crimen de joven en 1973

Marianela Cifuentes, jueza especial para causas de violaciones a los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, condenó a los oficiales retirados Héctor Fernando Osses y Aquiles Bustamante por el crimen de Jorge Espinoza Farías, que al momento de los hechos tenía 19 años.

Osses recibió una pena de 3 años de cárcel por el delito de secuestro y Bustamante 12 años de presidio por el homicidio calificado del joven.

Según la sentencia judicial, los hechos ocurrieron en el barrio obrero de San Gregorio, en la comuna de La Granja de la capital chilena, el 7 de octubre de 1973, casi un mes después del golpe que el 11 de septiembre llevó al poder al dictador Augusto Pinochet.

Jorge Espinoza, que no tenía filiación política, fue detenido ese día en el marco de un operativo conjunto realizado por miembros del Ejército, Carabineros y la Policía de Investigaciones en la barriada de San Gregorio.

El joven fue detenido en su domicilio y posteriormente lo trasladaron a una cancha del barrio, donde cerca de un centenar de pobladores también habían sido capturados.

Después de unas horas, Espinoza fue llevado a la subcomisaría de Carabineros de La Granja, que estaba bajo el mando del capitán Héctor Fernando Osses y el teniente Aquiles Bustamante.

El mismo 7 de octubre por la noche, Espinoza fue sacado del recinto policial y ejecutado a tiros por agentes de Carabineros.

Sus restos fueron hallados en el Patio 29 del Cementerio General de Santiago en 1991, aunque en un primer momento hubo un error en las pericias de identificación y se estableció que eran de otra persona asesinada en la dictadura.

En 2004 se repitieron las pruebas científicas y se estableció que los restos pertenecían a Espinoza.

En el aspecto civil, el fallo condenó al Estado de Chile a pagar una indemnización de 150 millones de pesos (unos 220.000 dólares) a los hermanos de la víctima.

En Chile, durante la dictadura de Pinochet, según cifras oficiales, unos 3.200 opositores murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 40.000 fueron torturados y encarcelados.