La entidad afirmó que esta solicitud se intensificó en los últimos dos años, dado el convencimiento del sector empresarial de los riesgos que implicaba la celebración, sin un marco normativo adecuado, de las elecciones más complejas realizadas en los últimos 20 años.
La organización empresarial señaló que la campaña electoral careció de una regulación efectiva que garantizara equidad y transparencia en el acceso a financiamiento público y privado.