La Justicia aceptó, además, la petición que hizo la defensa del exmandatario para apartar al juez que llevaba la causa, Julián Ercolini, con el fin de "alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes" y dispuso que se designe un nuevo magistrado.
Buenos Aires.– La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó este lunes el procesamiento del expresidente Alberto Fernández (2019-2023) en la causa por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez.
La Justicia también aceptó la solicitud de la defensa del exmandatario para apartarlo del juez Julián Ercolini, con el objetivo de "alejar cualquier temor de parcialidad que pudieran albergar las partes". En consecuencia, se deberá designar un nuevo magistrado.
El tribunal penal integrado por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci resolvió por unanimidad rechazar los argumentos de la defensa, que había apelado la primera decisión judicial de procesar a Fernández.
El expresidente está acusado de lesiones leves agravadas por violencia de género y de amenazas coactivas, en concurso real.
El fiscal federal Ramiro González solicitó el pasado 14 de agosto que Fernández sea sometido a un juicio oral y público.
Además, el exmandatario había solicitado apartar de la causa tanto al juez Ercolini como al fiscal González, argumentando supuesta incompetencia y falta de objetividad por parte de ambos funcionarios.
La denuncia fue presentada en 2024 por Fabiola Yañez, de 43 años, luego de que una investigación judicial por presunto tráfico de influencias encontrara en el teléfono de una secretaria de Fernández conversaciones e imágenes que podrían evidenciar "lesiones leves en contexto de violencia de género".
Tras una extensa investigación, en la que declararon más de una decena de testigos, el juez Ercolini acusó formalmente a Fernández el 17 de febrero como autor penalmente responsable de los delitos mencionados, cometidos contra su pareja en dos oportunidades.
Entre las pruebas analizadas por ambas partes figuran historias clínicas, documentos médicos, videos, llamadas telefónicas, mensajes de texto, así como las declaraciones de la denunciante y de los testigos convocados por la causa.