En cualquier conflicto, no importa su complejidad e implicaciones, existe un medio inequívoco para tratar de establecer, sobre bases justas, razonadas y atendibles, por dónde debe inclinarse la balanza a la hora de establecer quién tiene la razón y, en consecuencia, como debe buscarse una resolución.
Aunque el planteamiento luce en principio sencillo y de aplicación práctica, en la dinámica propia de las cuestiones humanas no siempre resulta de esa manera a la hora de aplicarlo, sobre todo cuando están de por medio intereses encontrados.
Este panorama se aplica al dedillo al diferendo entre Pro Consumidor y las envasadoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP), acerca del mecanismo que debe usarse para el pesaje, medición y venta de ese combustible que amplio consumo a nivel doméstico, en vehículos, industrias y comercios.
El presidente Leonel Fernández logró desactivar una protesta de las envasadoras que, de haber continuado, hubiera producido un amplio desabastecimiento en el mercado, toda vez que estaban dispuestos a suspender el retiro del GLP de la Refinería y a dejar de vender cuando se le agotaran las existencias.
En una sociedad libre y democrática, donde el consenso es un eficiente mecanismo para una gobernabilidad que evite la intolerancia y las imposiciones fuera de la ley y de la razón, todas las partes tienen derecho a ser escuchadas y atendidas antes de que se adopten disposiciones que pueden entrañar efectos contradictorios.
De ahí, que el compás de espera que se ha acordado, luego de la reunión conciliatoria propiciada por el Presidente en el Palacio Nacional, debe servir para que se resuelva definitivamente el impasse y se elimine este nuevo ingrediente de temor y perjuicio a la población.
El interés general debe prevalecer, tanto en los puntos de vista de Pro Consumidor como en el de los propios envasadores, pero siempre sobre la base de analizar el fundamento y pertinencia de los argumentos encontrados en una materia eminentemente técnica que el ciudadano común no está llamado a entender con la claridad requerida.
Sin embargo, en lo que no hay duda, es que este problema inquieta a muchas personas porque estamos hablando de un carburante de masivo consumo que es vital en el quehacer cotidiano y que debe estar disponible en abundancia y ser vendido sin adulteraciones, a precio justo y con medidas apropiadas.