Según el expediente judicial, los acusados actuaban en coordinación con otros actores aún no identificados. La cantidad de droga involucrada supera los cinco kilogramos de cocaína, lo que implica penas severas dentro del sistema penal norteamericano.
Santo Domingo – Un nuevo escándalo de narcotráfico ha sacudido a la República Dominicana, dejando en entredicho la imagen del país a nivel internacional y generando una ola de críticas hacia el sistema político, particularmente al Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Dos exfuncionarios dominicanos han sido acusados por las autoridades estadounidenses de conspirar para traficar cocaína desde Colombia y República Dominicana hacia Estados Unidos, específicamente al estado de Florida.
Según el expediente judicial, los acusados actuaban en coordinación con otros actores aún no identificados. La cantidad de droga involucrada supera los cinco kilogramos de cocaína, lo que implica penas severas dentro del sistema penal norteamericano.
La revelación del caso encendió las alarmas en el Congreso dominicano. Legisladores lamentaron que este tipo de situaciones sigan ocurriendo con personas vinculadas a partidos políticos e incluso a funcionarios de gobierno. Uno de ellos expresó:
“Eso es muy penoso y deja muy mal parada a la República Dominicana”, señalando que esta situación afecta no solo al actual gobierno, sino a cualquier gestión que represente al país.
La acusación presentada en Estados Unidos incluye una solicitud de decomiso de bienes adquiridos mediante ganancias del narcotráfico y de propiedades que habrían sido utilizadas para facilitar dichas operaciones. Las autoridades dominicanas confirmaron su cooperación con la DEA desde hace varios meses.
El caso ha reavivado el debate sobre la falta de filtros y controles en los procesos de selección de candidatos. “No es un dirigente cualquiera de barrio, son altos dirigentes con decreto, electos, alcaldes, diputados… cuando el río suena es porque piedra trae”, advirtió una fuente legislativa.
Uno de los implicados, Jorge Pérez, fue desvinculado del gobierno por orden del presidente Luis Abinader, mediante el decreto 273-25, tras ser informado del proceso por la DEA.
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), indicó que el empresario está siendo investigado por presuntas operaciones de narcotráfico y que existe una orden de arresto en su contra.
Este nuevo episodio reabre el cuestionamiento sobre la eficacia de los mecanismos de depuración política en el país y pone bajo la lupa los criterios de selección de candidatos y funcionarios, especialmente en tiempos electorales.