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Congreso paraguayo sanciona presupuesto 2021 con aumentos para sanidad

Congreso paraguayo sanciona presupuesto 2021 con aumentos para sanidad
Congreso paraguayo sanciona presupuesto 2021 con aumentos para sanidad

PARAGUAY.- El Congreso paraguayo sancionó este miércoles el Presupuesto General de Gastos de la Nación (PGN) para el 2021 por valor de 92,2 billones de guaraníes (13.121 millones de dólares) con partidas para combatir la precariedad laboral en la sanidad pública en medio de la pandemia de coronavirus.

El documento, que pasará al Poder Ejecutivo para su promulgación, contempla modificaciones introducidas en la sesión semanal de este miércoles por la Cámara de Diputados, que además aceptó otras tantas resueltas anteriormente por el Senado, informó la Cámara Baja en un comunicado.

El monto original remitido por el Gobierno al Congreso fue de 85,7 billones de guaraníes (12.200 millones de dólares) y el mensaje del jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, instaba a los legisladores a un plan de austeridad para reactivar la económica tras el impacto de la covid-19.

Entre los cambios, el informe destaca los que beneficiará al Ministerio de Salud con la «desprecarización de 6.500 funcionarios de blanco, la unificación de vínculos de 1.850 trabajadores y la recuperación de créditos presupuestarios para equiparación salarial del Hospital del Trauma y del Hospital Nacional de Itauguá».

Otra reprogramación tiene que ver con el Ministerio de Justicia para mantener los contratos de 150 agentes de las hacinadas cárceles del país, 80 personales de blanco que atienden a los internos y de 240 oficiales del Registro Civil.

El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Tadeo Rojas, destacó que también fueron reasignados partidas al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) y a la Universidad Nacional de Asunción para la construcción de una universidad experimental en el departamento de San Pedro, centro del país.

Otros entes a los fueron repuestos recursos luego de los recortes del Ejecutivo son el Ministerio de la Niñez para su plan de adopciones y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para «gastos de guardería y digitalización de documentos», según el texto.

También se incluyó al Instituto de Educación Superior dentro del alcance de Ley de Arancel Cero, promulgada en noviembre pasado, así como la reposición a la Justicia Electoral de gastos considerados superfluos pero que el órgano considera prioritarios con vistas a las municipales de octubre de 2021.

La irrupción de la pandemia, el pasado marzo, obligó al Gobierno de Abdo Benítez a emprender un serie de medidas de contingencia para hacer frente a la caída de la actividad económica como resultado del confinamiento social de los primeros meses.

«Esto permitió implementar un importante paquete fiscal y monetario para hacer frente a esta situación, equivalente al 9,9 % del PIB», afirmó el mandatario en su mensaje al Congreso el pasado 1 de setiembre.

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