Congreso prepara nueva ley de embargos tras anulación del Tribunal Constitucional
Senadores trabajan en un nuevo marco legal para regular los embargos, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la Ley 396-19.
Santo Domingo.– Legisladores del Senado de la República anunciaron este miércoles que trabajan en una nueva legislación que regule los embargos sobre bienes muebles e inmuebles, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la Ley 396-19, vigente hasta ahora para esos fines.
Desde el Congreso Nacional, está la jornada legislativa marcada también por fuertes cuestionamientos a recientes actuaciones policiales en Santiago.
El caso de los 5 hombres fallecidos
En ese contexto, senadores de distintas bancadas solicitaron una investigación en torno a la muerte de cinco hombres en una barbería del sector La Barranquita, quienes habrían fallecido durante un presunto intercambio de disparos con agentes de la Policía Nacional.
La Policía habla sobre el caso
- Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el tiroteo se originó tras una persecución, luego de que los fallecidos intentaran cometer un atraco.
Aunque reconocen la necesidad de fortalecer la lucha contra la delincuencia, los legisladores advirtieron que toda acción del Estado debe enmarcarse en el respeto de los derechos fundamentales.
"Ellos plantean la necesidad de que la ejecución de la sentencia, cuando se esté ejecutando, no sea el Ministerio Público que esté a cargo del proceso, sino el juez apoderado del caso".
Expresó el senador Pedro Catrain.
La sentencia exhorta al Congreso Nacional a aprobar una nueva normativa que subsane los fallos señalados y se ajuste al artículo 112 de la Constitución.
Los senadores han expresado su disposición a que esto sea corregido, así como lo expresó Rogelio Genao.
"Pienso que es oportuno el momento porque incluso se están discutiendo algunas legislaciones sobre los temas de los embarques; esa herramienta no puede ser de uso gracioso, sino nacional. Que se haga, pero cuando sea necesario.''
También Mercedes Ortiz declaró que la sentencia y la decisión del Tribunal Constitucional tendrán una respuesta oficial en los próximos días desde el Congreso.
La sentencia de la alta corte declaró que la ley era inconstitucional por no haberse tramitado como ley orgánica, como exige la Constitución dominicana.
El Tribunal otorgó un plazo de dos años al Congreso para que formule la ley conforme a los parámetros adecuados.