El Tribunal Constitucional -el mismo de la grotesca sentencia nazi-racista sobre los dominicanos/as de ascendencia haitiana- decidió aprobar las “acciones directa de inconstitucionalidad” interpuesta por la Fundación Justicia y Transparencia-FIT, la Fundación Transparencia y Democracia, y la Fundación Familia Feliz, contra los artículos 107,108, 109 y 110 de la ley 559-14 que instituyó un nuevo Código Penal en la República Dominicana. De paso –y no se trata de poca cosa- ha anulado totalmente esa ley que establecía ese nuevo código y en su lugar ha aprobado la continuidad del viejo Código instituido en agosto del 1884.
Los artículos indicados se refieren al aborto, quedando totalmente prohibido ese procedimiento, sin las excepciones a favor del aborto terapéutico (destinado a salvar la madre en riesgo de muerte) y a su aplicación en otras situaciones cruciales que afecten gravemente a la madre y/o a la criatura; a ejecutarse en todos los casos bajo estricto rigor científico.
Esa reforma fue una iniciativa limitada presentada hace poco tiempo por el Poder ejecutivo, aprobada a continuación por el Congreso y proclamada el 19 de diciembre del 2014, como resultado de un amplio y persistente reclamo de los movimientos feministas y de la una parte de la sociedad.
En su primer aniversario esa reforma que flexibilizaba la cuestión del aborto ha sido víctima de un palo regresivo.
La derogación completa de la ley 559-14, que incluye otras reformas importantes, buenas y malas, anula el nuevo código y lo reemplaza por el aprobado en el siglo 19. El TC aprovechó la ocasión para dar el zarpazo conservador completo, obviado limitarse al tema del aborto que fue objeto específico de la acción de inconstitucionalidad de las referidas fundaciones.
Se alega que el TC “tuvo” que dar esa sentencia porque en el Congreso, a raíz de las enmiendas presentadas por el Ejecutivo sobre el tema del aborto al nuevo Código, se violó la Constitución al no ajustarse los/as legisladores/as a los procedimientos debidos; todo esto en el marco de una maniobra entre ambos poderes destinada a aparentar favorable a una demanda apoyada por más del 70% de la población, a conciencia de que posteriormente el TC la rechazaría.
En ese caso la perversidad es mayor e involucra a tres poderes del Estado, mostrando como la caverna política, social y religiosa gravita sobre ellos. Porque todas maneras es evidente que esas cavernas han confluido en el TC (que pudo torear la maniobra y no lo hizo porque no está al margen de la conjura) para gestar otro engendro perturbador.
Estamos frente a un hecho muy grave, que profundiza la crisis de una Justicia en descomposición, tutelada por un lado por una Suprema Corte mayoritariamente corrompida y dividida y, por el otro, por un Tribunal Constitucional que se erige en una especie de poder omnímodo para imponer posiciones draconianas que tienden a producir disturbios dentro de un Estado en deterioro, la agudización de dramas humanos y engorrosas contradicciones evitables por el momento.
Todo parece indicar que la senilidad del capitalismo y la multi-crisis que lo afecta incluye el rebrote y la estructuración de corrientes pro fascistas, fundamentalistas religiosas, racistas, xenófobas, anticientíficas, que en el caso dominicano se han incrustado en las altas esferas del Estado, de las iglesias, los cuerpos armados, la partidocracia y el gran empresariado y sus fundaciones plagadas de simulaciones y dobleces.
Una amalgama de “abogados del dólar”, como los llamaba Neruda, de juristas al servicio de malas causas, de políticos metidos a empresarios, de empresarios metidos a políticos, de ONGs al servicio de banqueros súper millonarios, de curas medievales y de políticos trepadores, tienden a infectar todo el Estado y a asaltar la Justicia para que le sirva de escudo a sus maldades.
Entre ellos los hay de diversas calañas. Pero en verdad no son pocos los/as que abrazan expresiones fundamentalistas de la política para contrarrestar la tendencia a la insubordinación social que clama derechos, democracia, justicia, equidad y dignidad humana.
En lo esencial ni esa Justicia ni ese Estado tienen posibilidad de ser objetos de reformas avanzadas desde adentro. Los cambios en el contexto de la Constitución del 2010 que lo creó a lo sumo se reducen a reproducir repartos y cambio de dueños.
Esta Justicia y este Estado se pudrieron y deben ser desmontados, previo acorralamiento, por la vía de la democracia de calle y de la avalancha en pro de una CONSTITUYENTE POPULAR Y SOBERANA que sea capaz de recrear sus bases conceptuales y programáticas y las instituciones necesarias para transformar la sociedad.
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