Conocimiento medida de coerción caso Falcón continuará este miércoles

SANTIAGO.- La Oficina de Atención Permanente de los Servicios  Judiciales de Santiago recesó hasta  mañana miércoles la continuación  del conocimiento de las medidas de coerción a 23 de 27 imputados en la Operación Falcón.

Para este miércoles ya el Ministerio Público concluirá la solicitud en busca de que se le dicten 18 meses de prisión preventiva y declarar el caso complejo.

De su lado, abogados de la defensa de los imputados rechazan los señalamientos del Ministerio Público y señalan que  al final habrá una sentencia apegada a la ley.

Además, los abogados mantienen  su posición de que sus defendidos están pasando momentos difíciles debido al hacinamiento que, según afirman, están las celdas de la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Santiago.

Hasta el momento están bajo arresto por la Operación Falcón Juan Carlos Mosquea Eduardo, Enerio Rafael Sandoval Valdez, María Olimpia Tavares Rodríguez (Oli y/o La Princesa), Juan Maldonado Castro (Marcial y/o El Líder), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera (El Gordo), Luis Daniel Nieves Batista, Adolfo Antonio Torres Sanabia (Tony y/o Presidente), Juan Bautista Carpio Reynoso y el domínico-venezolano Julio César Jiménez Talavera.

También, contra José Alejandro de la Cruz Morales, Omar (La Moña), Raúl Antonio Castro Mota, Yana Iris Maldonado Castro, Angélica María Maldonado Peralta, Lenin Bladimir Torres Bueno, Marisol López Ceballos, Delfina Asunción Polanco, Ana Margarita Collado Marte, Erich Fernando Meléndez Gómez, José Miguel Castillo Taveras (Migue), Elva Teresa Polanco, Juan Carlos Durán Rodríguez, Javier Antonio Tavares Rodríguez, Felipe Espino Germán, Andrés Guzmán Collado y Amadeo Garibaldy Read Ruiz.

La Operación Falcón deriva de una amplia investigación que durante casi un año llevó a cabo la gestión de la procuradora Miriam Germán Brito, a través de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.

Los arrestados por el Ministerio Público y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de todos los órganos de seguridad del Estado y la cooperación internacional, serán llevados a la justicia por la fiscalía de Santiago, que dirige Osvaldo Bonilla, ya que sus principales implicados tenían como base de operación esta provincia de la región norte del país.