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Conozca el modus operandi de implicados en Operación Gaviota, según MP

estafa financiera

La estructura criminal operó en el período comprendido desde finales del año 2020, hasta septiembre del año 2022.

Rafael Martínez y Eridania García, juntos a otras personas en las promociones de redes sociales para captar personas/ Fuente externa
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Santo Domingo.- Los implicados en la Operación Gaviota, red criminal que se dedicaba a estafar mediante una estructura piramidal que operaba en diversas zonas del territorio nacional, como parte inicial del modus operandi el líder de la estructura, Rafael Martínez Batista, o algún miembro convocaba a las víctimas a una sesión “entrenamiento“ que tenía lugar muchas veces en las oficinas de las empresas Investor Winner IW SRL y Guro Investments SRL, según detalla la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público.

El órgano señala que  para captar dichas víctimas, los estafadores utilizaban el sistema de referencias por los que se llamaban “asesores”.

Como parte de la estrategia para engañar personas, crearon páginas web y perfiles de redes sociales para así aparentar seriedad a las empresas utilizadas en el esquema de estafa.

“Inmediatamente colapsó el esquema, eliminaron las páginas web y borraron el contenido de las redes sociales”, indica el documento.

Asimismo, los implicados predicaban a través de dichas plataformas que pretendían “estar fuera del radar” refiriéndose a sistema financiero regulado. Buscando con lo mismo captar cualquier tipo de dinero y también justificar los altos rendimientos que ofertaban.

Valiéndose de las redes , estos hacían circular ofertas y premios para nuevos inversores o por aumento del “capital invertido”.

 El MP, indica que una vez captados los interesados se llevaba a cabo la reunión en donde se engañaban a las víctimas presentándoles gráficos y esquemas de supuestas inversiones en el mercado de valores internacional, y de operaciones de trading, además de enseñarles testimonios falsos de personas que habían obtenido beneficios.

“Para generar confianza”, los estafadores dice el MP, les mostraban pagos de impuestos y establecían las actividades de captación de fondos que realizaban  con los permisos correspondientes de la Superintendencia de Bancos y de la Superintendencia del Mercado de Valores.

Posteriormente, señala el MP, les exigían a las víctimas que debían hacer un descuento del 10% de las ganancias.

La Superintendencia de Bancos y la Superintendencia del Mercado de Valores certificaron al Ministerio Público, que no existen registros ni solicitudes para realizar actividades de intermediación financiera u operar en el mercado de valores.

Dichos procedimientos citados anteriormente eran usados como parte de las estrategias de los implicados para atraer a sus víctimas, de esta forma les entregaban dinero para la supuesta inversión, y a estos fines les hacían firmar un contrato de inversión en renta con las distintas empresas.

“Al momento de convencer a las víctimas para que realizaran la entrega del dinero, los reclutadores les hacían llenar un formulario que titulaban “Formulario de solicitud para ingreso a cuenta de inversión Persona Física”, en donde estos debían colocar los datos de sus ingresos, completar su perfil personal, establecer datos laborales, identificar a la persona que lo refiere, además de su asesor; de igual forma debían llenar una “Declaración de Justificación de Ingresos” donde se establezca el origen de los fondos de su “inversión”, sostiene el MP.

De igual manera, el órgano persecutor indica que a partir del momento citado más arriba, la vía de comunicación con las victimas era a través de WhatsApp y correo electrónico, usando diversos números de teléfono.

“Mediante la aplicación WhatsApp (los cuales desaparecieron junto con la red), le establecían a las víctimas que la depuración de las informaciones del “Formulario de Solicitud para Ingreso a Cuenta de Inversión Persona Física” y “Declaración de Justificación de Ingresos” había concluido y que se había aprobado su inversión o su aumento de capital, según correspondiera, y le suministraban una cuenta bancaria de cualquiera de las empresas, a los fines de que realizara el depósito”, describe el documento.

Las víctimas procedían al depósito del dinero y con esto le invitaban a pasar por la oficina a firmar un contrato utilizado, para aparentar una actividad de comercio lícita titulada “Contrato de Constitución de Renta” en donde identificaban a las partes como “acreedor” o “prestador” y “compañía” “deudora”.

La estructura además, hacía promociones de entrega de órdenes de compras por valor de DOP$ 20,000.00 para las personas que se hicieran miembros o que aumentaran su capital

Otras técnicas utilizadas para mantener la confianza de las personas,descritas por el MP, era seguir captando nuevas víctimas con la celebración de actividades, fiestas y rifas.

Características de estructura de estafa

Según el Ministerio Público, los estafadores se valían de medios de alta tecnología para perpetrar la estafa, utilizando redes sociales digitales como Instagram, Facebook, WhatsApp, Telegram, entre otros, para atraer y engañar a las víctimas.

Además, estos les hacían promesas de rendimientos inusualmente altos, pues atraían a los inversores potenciales con promesas de rendimientos extraordinariamente altos y seguros, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.

El MP, indica que los estafadores reclutaban a los inversores incautos y los convencían para que invirtieran dinero en el esquema, estos aportaban su capital creyendo que estaban realizando una inversión legítima.

Otra característica utilizada por esta red de estafa es que Creaban empresas para captar valores del público sin poseer los permisos ni registros correspondientes ante la Superintendencia de Bancos ni la Superintendencia del Mercado de Valores.

 Asimismo, realizaban pagos a inversores anteriores: en lugar de utilizar el dinero de los nuevos inversores en inversiones reales, los estafadores usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes.

Los primeros inversores recibían pagos que parecían ganancias, lo que reforzaba la confianza en el esquema.

Los implicados, señala la medida, le presentaban estados de cuenta falsos o informes financieros manipulados a sus “clientes”, para hacerles creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas, cuando en realidad los fondos provenían de nuevos inversores.

El esquema mostraba un crecimiento insostenible, es decir, solo podía mantenerse mientras atrajeran nuevos inversores dispuestos a aportar dinero. A medida que se necesitaba más dinero para pagar a los inversores anteriores, el esquema se volvía insostenible y colapsaba.

Finalmente, cuando el esquema se hizo insostenible, colapsó y los estafadores desaparecieron, cediendo sus acciones en las empresas a terceros y cerrando las cuentas bancarias.

Como parte de las características del Modus Operandi, los implicados se introducían en las iglesias cristianas, principalmente las evangélicas, realizando donaciones y aportaciones a través de una ONG para ganar la confianza de los feligreses y captar nuevas víctimas.

La estructura criminal operó en el período comprendido desde finales del año 2020, hasta septiembre del año 2022.

Según sostiene el órgano persecutor, dicha red se encontraba liderada por el nombrado Rafael Martínez Batista y su cónyuge Eridania García Veloz Martínez, quienes tenían como socios en las actividades de reclutamiento y captación de víctimas, a los nombrados Héctor Aníbal Santillan Faulkner, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Joanna del Cristo Amparo de Jiménez, Julio Miguel Duverge García, Junior Martínez Batista, Jesús Manuel de la Cruz Pache, Yunior Ariel Espinosa Martínez, Abad de Jesús Martínez Martínez, O´neill Alberto Nivar Romero, Smarlin Alberto Nivar Romero, Ana Francisca Martínez Baustista, entre otros.

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