Juan TH.
Doña Milagros Ortiz Bosch se preguntaba en estos días en el programa de televisión “Tema Libre” que conduzco junto al maestro de la comunicación George Rodríguez, ¿en qué otro país del mundo el Presidente designa como jefe de la Suprema Corte de justicia a un socio de su bufete de abogados sin que sea objeto de un escándalo mayúsculo?
No se trata de cuestionar la calidad profesional, ni siquiera la condición humana de Mariano Germán, se trata de una cuestión ética, del conflicto de intereses, del golpe mortal al sistema de justicia, a la institucionalidad, a la transparencia en el Estado, a la democracia misma.
Lo que ocurrió en el país tras la firma del “Pacto de las Corbatas Azules” entre Leonel Fernández y Miguel Vargas Maldonado sirve para explicar la “dictadura constitucional” que estamos viviendo, que desconoce derechos fundamentales de los ciudadanos.
Los sectores productivos, ni la clase política se percataron del significado del acurdo clandestino entre Leonel y Miguel que sorprendió a los miembros de la Comisión Política, del Comité Ejecutivo Nacional y demás órganos del partido opositor.
No sabían que se trataba de una trama contra el PRD y las demás fuerzas políticas opositoras para aniquilarlas o reducirlas a su mínima expresión para que no pudieran unirse ni articular una oposición contundente.
Cuando las cabezas más luminosas del PRD vinieron a darse cuenta de lo que estaba pasando, ya Leonel, gracias a Miguel, se había convertido en un monstruo de siete cabezas que controlaba todas las instituciones del Estado, blindado económica, política y judicialmente, para no ser tocado.
(Tiene más dinero que cualquier grupo económico tradicional. Controla total y absolutamente el Ministerio Público, la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Cámara de Cuentas, el Congreso, las Fuerzas Armadas, los medios de comunicación y una buena parte de las iglesias. Y aunque muchos no lo crean, es dueño del Poder Ejecutivo. Un paso en falso de Danilo, y Margarita, es decir Leonel, termina asumiendo su cargo. Todo como consecuencia de la traición, no la torpeza, ni la brutalidad, como muchos dicen, de Miguel Vargas)
Lo que ha hecho el Tribunal Superior Electoral con el PRD es sólo una muestra del control que tiene Leonel (Danilo y el PLD) de ese y los demás tribunales de la República. Ningún juez, ningún tribunal, hará nada que no esté debidamente autorizado por el poder político del Palacio Nacional.
Si Hipólito Mejía insiste en acudir a los tribunales dominicanos, pierde su tiempo. El sistema judicial depende del PLD a través de Leonel y Danilo. Es necesario, entonces, un Frente Amplio, plural, que salga a las calles a enfrentar esta dictadura constitucional, que denuncie internacionalmente lo que está ocurriendo en el país.
Mientras tanto, el PRD institucional debe pedirle a la Internacional Socialista la expulsión, por traidor, de Miguel Vargas. Lo mismo debe hacer el Instituto Peña Gómez del cual es vicepresidente.
La querella de Guillermo Morena y Alianza País en contra de Leonel, bien fundamentada, con pruebas documentales, solo servirá para probar que el ex presidente es intocable, que está blindado jurídicamente, que ningún fiscal, ningún juez, lo condenara por corrupción a pesar de haber presidido el gobierno más corrupto en toda la historia del país.
Aunque aún haya gente que lo dude. No es el PRD que está en peligro, es la justicia y la libertad. Es la democracia que tantos esfuerzos y sacrificios le ha costado al pueblo dominicano construir, lo que está en juego.