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20 Abril 2024

Consideran Poder Legislativo debe investigar denuncia de supuesto acoso del MP a una jueza

Proceso

la Procuradora General de la República ordenó una investigación profunda sobre la denuncia de la jueza Florimón, de que supuestamente está siendo vigilada desde un automóvil de color blanco desde que fuera apoderada del caso Calamar; por lo que los dos fiscales adjuntos que intervienen en el caso de corrupción denominado Calamar, no participarán como miembros de los investigadores del proceso.

Santo Domingo.- Luego de la denuncia pública realizada por la jueza Ana Lee Florimón de que se siente perseguida, corresponderá al Ministerio Público realizar las investigaciones de lugar, sin desmedro de la facultad que tiene el Consejo del Poder Judicial de disponer una indagatoria al respecto, según juristas consultados por Noticias SIN.

El Consejo del Poder Judicial, tiene la responsabilidad de velar por la seguridad de los jueces, según establece el artículo 30 del Código Procesal Penal. “El ministerio público debe perseguir de oficio todos los hechos punibles de que tenga conocimiento, siempre que existan suficientes elementos fácticos para verificar su ocurrencia. La acción pública no se puede suspender, interrumpir ni hacer cesar, sino en los casos y según lo establecido en ese código y las leyes”.

“Dentro del Poder Judicial la dirección de protección para los jueces probablemente no tenga los mecanismos y necesite del auxilio del Ministerio Público y de otros organismos para realizar cualquier investigación, porque la dirección de protección lo que hace es dar la seguridad a los jueces y exjueces, pero no es un órgano pese de investigación de infracciones o asuntos que impacten en la seguridad o la amenaza del juez”, declaró Alejandro Moscoso Segarra, exjuez Suprema Corte de Justicia.

En el caso de la Jueza Ana Lee Florimón, el Poder Judicial necesita auxiliarse del Ministerio Público para realizar las indagaciones en torno al tema.

“Me explico un caso de esta naturaleza si tendría que hacerse un allanamiento o una intervención telefónica un juez no puede pedirle a otro juez que lo haga”, añadió Moscoso Segarra.

De acuerdo al código procesal penal, tendría que ser el Ministerio Público. En consecuencia, el Poder Judicial tendría que pedirle a la Procuraduría General de la República que abra una investigación con estos elementos de pruebas que está presentando el magistrado, en este caso la magistrada Florimón.

Asimismo, el presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados informó que el Poder Legislativo debe intervenir y citar a la jueza para conocer los detalles de su denuncia.

“Un poder como el Poder Ejecutivo que es el Ministerio Público no puede estar presionando otro poder como es Poder Judicial y el Poder Legislativo que está por encima de los dos quedar como que no está pasando nada, eso es imperdonable, la magistrada tiene que decir con lujos y detalles quienes son los que la están presionando y extorsionando para que ella pueda cambiar su decisión y quienes están interviniendo para que ella cambie su decisión y tiene que hacer eso público”, añadió Juan Dionisio Rodríguez.

“El Poder Judicial debe indagar cuándo, cómo y por qué esa jueza se siente perseguida, la jueza se siente perseguida debe apoderar el órgano”, señaló Tomás Castro, abogado.

Sobre el tema, el Poder Judicial, informó que ese órgano le presta toda la atención al tema y que se realizan las investigaciones necesarias para identificar cualquier situación que pudiese estar pasando.

En tanto la Procuradora General de la República ordenó una investigación profunda sobre la denuncia de la jueza Florimón, de que supuestamente está siendo vigilada desde un automóvil de color blanco desde que fuera apoderada del caso Calamar; por lo que los dos fiscales adjuntos que intervienen en el caso de corrupción denominado Calamar, no participarán como miembros de los investigadores del proceso.

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