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Constitución 2010 e impunidad

En República Dominicana el fin de la impunidad es imposible sin el fin del sistema de corrupción e impunidad establecido. Poder Ejecutivo, Gobierno Central, Justicia, Congreso, Cámara de Cuentas, JCE, Alcaldías… son instituciones controladas por una partidocracia corrupta y corruptora que las manipula para enriquecerse en contubernio con grandes empresarios, lobistas, generales y corporaciones transnacionales.

Las altas jerarquías de todos los partidos del sistema  han estado comprometidas con esa podredumbre.

El Comité Político del partido oficialista-PLD rompió el record histórico, convirtiéndose primero en cúpula del partido-Estado, luego del partido único de Estado y después de una corporación política-económica que articula todos los negocios realizados desde esas instituciones, protegidos sus autores por un blindaje  político-judicial-policial-militar.

Así se ha conformado una dictadura constitucional dedicada a acumular riqueza y poder, dirigida desde un centro estatal-partidista bajo el mando del Presidente de turno (Danilo Medina), generalmente convertido en un monarca postmoderno; siempre acompañado de una maquinaria de marketing y publicidad dedicada a robarse la verdad en procura  de la permanencia de una dominación mafiosa.

La base legal-sustantiva del poder constituido es la Constitución del 2010 estructurada por el ex-presidente Leonel Fernández (y sus asesores de ocasión) y heredada por el Presidente Medina; cabecillas del partido de gobierno.

Esa Constitución -más allá de sus adornos engañosos- potenció el autoritarismo trujillista-balaguerista, constitucionalizó el neoliberalismo y concentró el poder de decisión en la Presidencia y en un Senado controlable por el centro de mando de la corporación política-económica que asaltó el Estado.

En estas circunstancias “poco me  jayo” demandar que el Presidente Danilo Medina renuncie, y así mismo considero espurias las violentas reacciones sobre el tema del presidente de la Junta Central-JCE de Danilo, del Consultor Jurídico de Danilo y de los  grandes empresarios asociados a él; como también el teatral anuncio del caos que anunció el presente del Tribunal Constitucional-PC, centinela de este orden constitucional putrefacto: Ray Guevara.

Además de que el Jefe de un Estado gansterizado carga con las mayores culpas del caso y merece el castigo correspondiente, con la Constitución actual la corrupción y la impunidad tienen posibilidades de reciclarse; aunque se remienden algunas instituciones establecidas, se activen iniciativas judiciales contra ciertos personeros e incluso  se cambien presidentes y partidos gobernantes si alterar la institucionalidad delincuente.

Por eso, en perspectiva, será imprescindible el desplome del gobierno y las instituciones que manipula, la instalación de un régimen provisional comprometido con el fin de la impunidad  y la superación de este orden constitucional que la ampara; al compás de la  construcción de nuevas instituciones sobre nuevas bases constitucionales, vía democracia de calle y despliegue de una Constituyente Soberana.

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