SANTO DOMINGO.- El abogado Mártires Salvador Pérez reveló que el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Miguel Surún Hernández, intentó sobornar e interferir en las funciones de la Dirección de la Defensoría Pública y cometió un acto corrupción al pedirle que le traspasaran los casos de narcotraficantes y narcolavadores que llevaba esa entidad para él asignarles abogados a su servicio.
Salvador Pérez puntualizó que la entonces directora de la Defensoría Pública, Laura Román, se negó rotundamente a esa petición, argumentando que eso es corrupción y ella no se iba a prestar a esa vagabundería.
Puntualizó que, con esta acción, Surún Hernández procuraba violentar las leyes y hacerse de dinero defendiendo a narcotraficantes y narcolavadores.
Manifestó que Surún Hernández ha prostituido la institucionalidad del CARD al utilizar como negocio la Fiscalía y el Tribunal Disciplinario, cuyos integrantes son escogidos por él y “actúan como títeres que responden de manera incondicional a sus intereses”.
“Con la llegada de Miguel Surún Hernández a la presidencia del Colegio de Abogados llegó ahí la corrupción en su más grande expresión, pues ha puesto la jurisdicción disciplinaria al servicio de los intereses particulares de sus bolsillos y de los de sus asociados”, afirmó.
Salvador Pérez reiteró la denuncia hecha por varios abogados sobre la corrupción y el desfalco cometidos por Surún Hernández, quien alegadamente compró cinco inmuebles por un valor de 119 millones de pesos en la provincia La Altagracia, con fondos malversados del CARD, utilizando una compañía offshore y testaferros.
Explicó que por todas esas irregularidades es que Surún Hernández se niega a ser auditado por la Cámara de Cuentas, que es la entidad a la cual corresponde esa responsabilidad según lo dispone el párrafo del artículo 74 de la Ley 3-2019.
Exhortó a los magistrados Miriam German, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho a que tomen cartas en el asunto, dado de que la corrupción de Surún Hernández también le compete al Ministerio Público y ante la justicia no debe haber delincuentes preferidos.