Mientras en este país no se erradiquen, de una manera total y definitiva, las acciones inmorales en contra del bien común, llámense actos de corrupción, tráfico de influencia y lucha de intereses espurios, será muy difícil lograr un adecentamiento de la sociedad y particularmente en la esfera pública.
Necesitamos funcionarios, elegidos por el voto popular o escogidos administrativamente que, además de competencia profesional, actúen con integridad personal, apego estricto a los debidos proceso de ley e inspirados en una auténtica vocación de servicio.
Con frecuencia observamos cómo en la práctica estas normativas son ignoradas y, peor que eso, cómo se fomenta por su inveterada repetición, una especie de cultura que propicia el enriquecimiento ilícito, aprovechando posiciones en estamentos oficiales.
Esta corriente perversa que acusa una inexcusable aberración recurre a los más sórdidos mecanismos cuando a la esfera del Estado accede un servidor que no se presta a esos manejos y que busca sentar las bases de una gestión diáfana, como ha dado cuentas desde sus inicios el nuevo alcalde del Distrito Nacional, David Collado.
Tal como ha apuntado certera y responsablemente el periódico Listín Diario en su línea editorial en defensa del interés general y el bienestar de la colectividad, “es un acto de maldad, no puede llamarse de otra manera, que camiones contratados a firmas privadas para la recogida de la basura en el Distrito Nacional estén derramando en calles y avenidas los desperdicios que les toca retirar en sus respectivas rutas, como forma de boicotear el nuevo sistema de trabajo nocturno.
Como fundamento de su comentario, el decano de la prensa escrita cita que en las redes sociales ya aparecen videos confirmando la insólita modalidad de daño en que incurren los operarios de estos camiones con la aparente intención de desprestigiar, ante los ojos de los munícipes del Distrito Nacional, el nuevo programa de limpieza que ha sido puesto en marcha por la alcaldía.
A todas luces, no solo se trata de un boicot a la recién iniciada gestión municipal, sino un claro intento de perpetuar un mecanismo que se presta a manejos irregulares, en perjuicio del buen uso de los fondos municipales.
Esto ha quedado de manifiesto en vista de que se trata de evitar la aplicación del nuevo sistema, que persigue entre otros objetivos, garantizar un pesaje más riguroso de los desperdicios por los cuales el cabildo paga su recogida.
En ese sentido, Listín Diario señala que “ como ocurre siempre cuando se afectan intereses o cuando se yugulan escapes o trampas en el cobro de cargas no reales, la reacción ha sido apelar al boicot”.
Es obvio, pues, que estamos ante una maniobra dolosa que, además de denuncias amerita identificar y sancionar a quienes piensan, porque así se les ha permitido durante años, que los fondos públicos pueden ser usados como un festín para nutrir los bolsillos de delincuentes.