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Contrataciones Públicas apodera a la PGR de expedientes del Inaipi y el Plan Social de la Presidencia

SANTO DOMINGO.- El Director General de Contrataciones Públicas apoderó este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa de tres expedientes por presuntas irregularidades en compras efectuadas por INAIPI y por el Plan de Asistencia Social de la Presidencia.

En cuanto al caso de INAIPI, el director del órgano rector, Carlos Pimentel, reveló que uno de los expedientes refiere que en el 2016 supuestamente esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley 340-06, de Compras y Contrataciones, mediante procedimientos de urgencia de los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos 208.05 millones de pesos.

Detalló que según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se hicieron  por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.

El segundo de los expedientes, tiene que ver con irregularidades detectadas en un proceso que data del año 2018 para el suministro y distribución de leche escolar a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel nacional.

“Que tiene indicios, violaciones a la ley y suficiente evidencia del funcionamiento de un entramado que buscaba favorecer a proveedores, a funcionarios de manera ilegal”, refirió el Carlos Pimentel.

La Dirección General de Contrataciones Públicas aseguró además que el INAPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a compañías relacionadas entre sí por montos que superan los 60 millones de pesos con el argumento de que había sido un proceso transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos del pliego de condiciones.

Sobre el Plan de Asistencia Social de la Presidencia, el director del órgano rector, Carlos Pimentel, detalló que desde 2019 en esa institución funcionó una estructura de proveedores, de funcionarios de esa institución que a través de las contrataciones públicas se agenciaban recursos y beneficios de manera ilícita.

“Un caso de esta naturaleza, el ente competente para profundizar en las investigaciones y establecer las responsabilidades en caso de que se encontré es esta Procuraduria General de la República”, dijo Pimentel.

Pimentel explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto para la entidad contratante en términos de precios: teniendo como única explicación vínculos y acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del Estado.

El director de Contrataciones Públicas agregó que los tres casos que a partir de ahora deberá de investigar el PEPCA tienen características en común; la relación entre funcionarios y entre proveedores para burlar el sistema de Contrataciones Públicas y utilizar los recursos del pueblo para fines ilícitos y particulares.

Dijo además que procedieron a suspender cientos de registros de proveedores de las empresas involucradas y de otras.

Con estos tres expedientes suman cuatro los casos que la nueva administración de Contrataciones Públicas lleva al PEPCA para fines de investigaciones.

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