El incremento en los montos en los años citados se produjo a pesar de que la población carcelaria apenas aumentó menos de un cinco por ciento, al pasar de 25,898 internos a 27,165, según documentos oficiales, y mientras la inflación se mantuvo en 3.5 por ciento en 2018 y bajó a 1.81% en 2019.
SANTO DOMINGO.- El suministro de alimentos a los privados de libertad en el país pasó de 299 millones de pesos en 2014 a casi 1000 millones hasta marzo de este año, beneficiando un entramado societario en el que El Informe con Alicia Ortega identificó al menos cuatro empresas vinculadas, a las cuales le adjudicaron contratos valorados por 738 millones de pesos entre 2016 y 2020.
El incremento en los montos en los años citados se produjo a pesar de que la población carcelaria apenas aumentó menos de un cinco por ciento, al pasar de 25,898 internos a 27,165, según documentos oficiales, y mientras la inflación se mantuvo en 3.5 por ciento en 2018 y bajó a 1.81% en 2019.
El hilo conductor de cuatro de las 10 compañías vinculadas que ganaron la última licitación en enero de 2020 es el sargento mayor José Miguel Estrada Jackson, quien tiene más de veinte años como miembro del Ejército Nacional y además es un reconocido jugador de boliche.
Las cuatro empresas del entramado son Rogama, SRL., que se benefició entre 2018 y 2020 con dos adjudicaciones por 133.9 millones de pesos; Distribuidora Ropi, SRL., con 134.2 millones en contratos también durante el mismo periodo; Ropalma SRL, sociedad a la que le otorgaron un contrato de 95.4 millones, en enero de 2020; e Inversiones Zwaziland, la más premiada con acuerdos que alcanzaron los 345.9 millones de pesos entre 2016 y 2020.
Una de las accionistas de Ropalma es Hilda Cristina Jackson Mallol, madre de Estrada Jackson, mientras uno los socios de Distribuidora Ropi, es el suegro, y en Rogama, su participación accionaria se deriva de la reconversión de la empresa Panificadora J & N, de la cual era socio.
La vinculación con Inversiones Zwaziland se da por ubicación, ya que la dirección de la empresa en el registro mercantil coincide con la de la Panificadora J & N, en la Zona Industrial de Herrera.
Zwaziland cuenta con dos accionistas, Reynaldo de Jesús Santos de la Cruz y José Arístides Braga Chavier, y este último dijo a El Informe: “Yo fui tomado en buena fe y le presté una cedula a mi nombre, pero yo nunca participé en eso (…). Se puede comprobar que yo nunca he firmado nada de esos documentos”.
Braga Chavier aseguró se enteró de su participación cuando arrestaron al ex procurador general Jean Alain Rodríguez por el caso Medusa. “Yo trabajo para una compañía que aparentemente tiene algo que ver con ese señor (…) para la tienda El Juguetazo”, que dijo es propiedad de la familia Sebelén.
Al preguntarle quién le pidió la cédula dijo: “Si no me equivoco fue el señor Rafy Sebelén”, refiriéndose a Rolando Rafael Sebelén, casado con Ariadne Rodríguez Sánchez, hermana del ex procurador.
“No te digo que me lo hizo directamente, sino ayuda a este amigo para que forme la compañía”, añadió.
Ni Sebelén ni Estrada Jackson respondieron a repetidas llamadas de El Informe para conocer su versión de los hechos.
El programa de investigación también encontró una quinta empresa, Divamor Group, creada solo dos meses antes de recibir un contrato por 95.8 millones de pesos en enero de 2020, con vínculos con Estrada Jackson.
Uno de sus accionistas, Francisco Alberto Vásquez Féliz, dijo: “Estrada Jackson era (…) un tipo de gestor, porque había alimentos que no teníamos y entonces él decía bueno, los pueden conseguir allí, los pueden conseguir acá”.
El incremento astronómico de costos en la asignación semanal para la alimentación en las cárceles se refleja en el pliego de condiciones de la última licitación realizada bajo el mando del ex procurador.
Como por ejemplo, en Najayo Hombres, pasó de 830 mil pesos semanales a 1.3 millones de pesos; Rafey Hombres, en Santiago, de 402 mil a 1,057 millones, para un incremento de un 162 por ciento; en el CCR XX de San Cristóbal, el costo subió de 260 mil pesos a 1,146 millones pesos, para un alza de un 339 por ciento, y en el centro penitenciario de San Juan de la Maguana se disparó de 199 mil pesos a 1,345 millones, elevándose un 575%.
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