SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La tan debatida Ley de Partidos Políticos no puede ser un traje hecho a la medida de las organizaciones políticas del país. Todo lo contrario, la pieza debe regular, estructurar, imponer límites y sobre todo dar cabida a las sanciones cuando sea necesario, a estas instituciones que juegan un rol primordial en el desarrollo de la democracia.
En el aspecto financiero, tomando en cuenta que los partidos en el 2013 recibieron más de 800 millones de pesos como aporte del Estado, debe haber una rigurosa rendición de cuentas.
Las conclusiones del estudio “Ley de partidos políticos: financiamiento, género y selección de candidatos”, del Instituto OMG, son claras y describen nuestra panorama al dedillo. Primero ningún tipo de donación corporativa está regulada (ni en especie ni dinero), las donaciones de fuentes anónimas no tienen ningún tipo de regulación, y no hay límites en cuanto a los gastos del partido (o un candidato en específico) para campañas y actividades partidarias.
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En otras palabras, los partidos, en términos fiscales, operan a sus anchas y sin controles.
Esto se traduce en cuantiosas donaciones de empresas o individuos que luego esperan ser favorecidos de alguna forma cuando el candidato o el partido llega al Palacio o al Congreso Nacional. También da apertura a que el dinero obtenido de forma ilícita o del narcotráfico permee las contiendas electorales.
Como ciudadanos tenemos el deber de exigir la transparencia financiera de estas organizaciones políticas que deben utilizar el dinero en actividades tangibles que aporten a la democracia fomentando la formación de candidatos.
Todas las leyes, por más especializadas que sean en determinadas áreas y aspectos de la vida pública, tienen que cumplir con el principio básico de la transparencia, la equidad, la rendición de cuentas y el supremo objetivo del interés general.
Si hay una iniciativa legislativa donde estos postulados deberían convertirse en realidad palpable y positiva es en el proyecto de ley de partidos políticos, sumido hasta hace unos días en un letargo inducido del que apenas empieza a sacudirse.
Después de años en que suscitara escasa atención e interés de los congresistas, mientras otros proyectos de menor trascendencia eran aprobados al vapor, parece que por fin se han propuesto ponerlo sobre la mesa.
Este reenfoque, en principio atendible y digno de respaldo, ha provocado sin embargo cierta aprensión en algunos observadores del quehacer legislativo y partidario, que temen que de la dejadez manifiesta se pase a festinar algo sumamente delicado que amerita cuidado extremo.
El objetivo supremo de la ley de partidos debe dirigirse, pues a erradicar la corrupción, la compra de votos y los aportes dados para luego reclamar prebendas y tratos de privilegio y excepción de los partidos que llegan al poder.