Corrupción en SENASA habría dejado déficit millonario y miles de pacientes sin atención médica

Santo Domingo.– Una presunta red de corrupción que operó desde el interior del Seguro Nacional de Salud (SENASA) habría provocado un déficit superior a los 15,900 millones de pesos, según el Ministerio Público, afectando directamente la atención médica de millones de dominicanos, en especial de los más vulnerables.

La investigación revela que el esquema se sustentó en contratos ficticios, facturación de servicios nunca prestados, manipulación de estados financieros y el pago sistemático de sobornos a funcionarios de alto nivel.

Entre los mayores beneficiarios figura el Grupo Read, cuyas empresas habrían recibido más de 6 mil 178 millones de pesos en contratos, a cambio de pagos ilícitos que rondaban entre el 30% y 35% de los montos cobrados al Estado.

• De acuerdo con el expediente, la estructura fue dirigida por el entonces director ejecutivo de SENASA, Santiago Hazim, a quien se le impuso 18 meses de prisión preventiva.

Impacto social y judicial del fraude en SENASA

Junto a él, empresarios, colaboradores y funcionarios públicos habrían operado una red diseñada para favorecer prestadores vinculados a intereses políticos y personales, en detrimento del sistema público de salud.

Mientras los recursos eran desviados, pacientes como Basilio Florián, de 80 años, enfrentaban la suspensión de tratamientos vitales.

Florián, afiliado al régimen subsidiado, recibió solo parte de las radioterapias indicadas para tratar su cáncer de próstata. Las 14 sesiones restantes, cuyo costo supera los 224 mil pesos, quedaron fuera de cobertura, pese a que su único ingreso es una pensión estatal de 10 mil pesos mensuales.

Casos similares fueron denunciados por médicos jubilados, pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas, quienes aseguran que SENASA les negó servicios sin explicaciones claras, obligándolos a recurrir a préstamos, ayuda familiar o a suspender tratamientos.

Mientras los recursos eran desviados, pacientes como Basilio Florián, de 80 años, enfrentaban la suspensión de tratamientos vitales.

Parte del esquema incluía la manipulación del sistema de autorizaciones médicas y la creación irregular de un Comité de Contrataciones Médicas, utilizado para aprobar proveedores que no cumplían con los requisitos legales y técnicos.

Organizaciones de la sociedad civil advierten que el impacto real del fraude va más allá de las cifras.

En el proceso judicial, seis imputados cumplen prisión preventiva y otros tres arresto domiciliario. El juez que conoció las medidas calificó los hechos como de «extrema gravedad», al considerar que se jugó con la salud de más de siete millones de afiliados.

Según el Ministerio Público, el caso SENASA representa uno de los mayores golpes al sistema de salud pública del país, al convertir una institución esencial en un mecanismo de enriquecimiento ilícito, mientras miles de asegurados quedaban desprotegidos.