El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal negó la solicitud del Gobierno Trump para un retraso de 90 días en la implementación del fallo.
Washington.- Un tribunal federal de apelaciones rechazó este lunes retrasar por tres meses la implementación del fallo del Tribunal Supremo que invalidó la mayor parte de los aranceles activados por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que abre la puerta a que comiencen a procesarse los reembolsos millonarios ya reclamados por distintos importadores.
El Tribunal de Apelaciones para el Circuito Federal estadounidense rechazó hoy la petición del Gobierno Trump, y dejó vía libre para que la Corte de Comercio Internacional comience a procesar las devoluciones.
El pasado viernes la Administración del republicano había solicitado al tribunal que concediera un plazo de 90 días para que «permitir que los poderes políticos tengan la oportunidad de considerar opciones» con respecto a los pagos.
Entre las grandes empresas que pidieron ser reembolsadas se encuentran el gigante de la logística FedEx, la empresa cosmética Revlon, el productor de óptica EssilorLuxottica o el minorista Costco.
En total, se calcula que actualmente hay más de 2.000 demandas arancelarias cursadas o en proceso de ser presentadas.
Aunque no se ha publicado una cifra exacta, diferentes análisis apuntan a que el Gobierno estadounidense podría llegar a tener que reembolsar una cantidad que estaría entre 130.000 y más de 200.000 millones de dólares, volúmenes que prometen tener un impacto en la salud fiscal de la primera economía mundial.
La disputa judicial sobre los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump tiene su origen en la política comercial adoptada durante su mandato, caracterizada por el uso intensivo de gravámenes a las importaciones como herramienta de presión económica y negociación internacional.
Para activar buena parte de esos aranceles, la Casa Blanca invocó una ley de emergencia económica, un mecanismo que permite al Ejecutivo adoptar medidas extraordinarias ante amenazas externas.
Con ese argumento, el Gobierno aplicó nuevos derechos de importación a diversos productos, lo que generó un fuerte impacto en empresas estadounidenses que dependen de cadenas globales de suministro.
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