Corte Suprema de Brasil
BRASIL.- El Congreso brasileño tiene que reiniciar todo el trámite para un juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, después de que la Corte Suprema anuló este jueves la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que decidirá si existen razones jurídicas para el proceso.
Después de dos días de debates, los once magistrados de la corte aceptaron parcialmente algunas de las apelaciones que el oficialismo presentó frente al proceso contra Rousseff, que comenzó el pasado día 8 en la Cámara de Diputados con la designación de esa comisión.
Por una muy ajustada mayoría, el tribunal decidió que la elección de los miembros de la comisión parlamentaria que analizará el caso no podrá ser secreta y que los partidos políticos representados en la Cámara baja postularán a los miembros de ese grupo, que serán elegidos en forma individual y no a través de listas.
De esa manera, la corte anuló la elección de los miembros de la comisión realizada el pasado día 8, cuando se presentaron dos listas de candidatos a integrar ese grupo y se impuso la propuesta por la oposición en una votación realizada bajo secreto.
Tras esta decisión de la corte, la Cámara de Diputados tendrá que decidir ahora para cuándo convocará la sesión en que se elegirán los nuevos miembros de la comisión.
La definición de esa fecha estará atada también a lo que decida el Parlamento sobre su tradicional receso de fin de año, que, según el calendario legislativo, comienza el próximo día 22 y se extiende hasta el 2 de febrero de 2016.
En los últimos días, tanto la Cámara de Diputados como el Senado barajaron la posibilidad de suspender o al menos recortar ese receso, pero aún no se han pronunciado oficialmente al respecto, por lo que el reinicio del proceso contra Rousseff pudiera quedar para el año próximo.
El Supremo intervino en el proceso a pedido del oficialismo, que pidió esclarecer algunos aspectos del trámite que debe ser seguido para el posible juicio con miras a la destitución de Rousseff, que se fundamenta en maniobras contables irregulares que el Gobierno ha hecho para maquillar sus resultados desde 2014.
Uno de los puntos más relevantes de la decisión de hoy ha sido la determinación de que serán los partidos políticos los que escogerán a quienes los representarán en la comisión, lo que le da más poder al jefe de la bancada de cada formación en la Cámara baja.
De hecho, en el influyente Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que integra el grupo oficialista pero alberga sectores que se han pasado a la oposición, hubo en los últimos días una fuerte disputa entre las alas que apoyan a Rousseff y aquellas que se han pronunciado en favor de enjuiciarla.
La semana pasada, el ala opositora destituyó al jefe del PMDB en la Cámara baja, Leonardo Picciani, y lo sustituyó por el diputado Leonardo Quintao, quien se encuadra en los sectores que defienden el proceso contra Rousseff.
Sin embargo, en un inesperado movimiento, el sector del PMDB afín al Gobierno logró revertir esa decisión hoy mismo y, tras una rápida votación, reintegró a Picciani en la jefatura de la bancada de esa formación en la Cámara baja.
Además de pedir opinión sobre la forma de elegir a esa comisión especial, el oficialismo argumentó que la Cámara de Diputados, antes de aceptar la solicitud de la oposición para enjuiciar a Rousseff, debería haber escuchado antes su defensa, lo cual fue negado por la corte.
Según el Supremo, Rousseff tendrá una amplia garantía de defensa durante el proceso y, en especial, frente a la comisión de diputados que decidirá sobre la legalidad de un eventual proceso.
El tribunal también ratificó que esa comisión preparará un informe, favorable o no al proceso, que deberá ser aprobado por una mayoría de dos tercios en el pleno de la Cámara de Diputados, que tiene 513 miembros.
Si la mayoría calificada del pleno votara por la continuidad del proceso, la palabra pasaría el Senado, que examinaría la decisión adoptada por los diputados y podría optar por archivar la causa o iniciar lo que sería el propio juicio político.
En caso de que el Senado se incline por enjuiciar a Rousseff, la mandataria deberá separarse del cargo mientras dure el proceso, para el cual habrá un plazo de 180 días.
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