Con mucha razón cada vez se afianza en la opinión pública la afirmación de que arrastramos el lastre de una democracia y un sistema político sumamente costoso.
Los tres principales partidos reciben sobre los 22 millones de pesos mensuales en años no electorales, suma que aumenta en el año previo a las elecciones.
Ahora el costo de esta democracia, aún imperfecta pero necesaria y susceptible de mejoras, se incrementa con la celebración de las primarias a un costo de casi 1,500 millones de pesos.
Todavía no está del todo claro cómo se podrá financiar ese proceso, aunque se ha dicho que la Junta Central Electoral podrá asumirlo con su actual presupuesto para luego ser reembolsado el año próximo con un presupuesto complementario.
Aunque se han hecho algunas explicaciones de dónde podrían salir esos fondos, siempre hay temores de que cualquier gasto adicional tenga que ser asumido con nuevos impuestos o préstamos que ya presionan bastante la deuda pública.
Lo penoso de todo esto es que mientras la danza de los millones para financiar a los partidos y a los procesos electorales es cada vez más elevada, todavía tenemos grandes carencias en áreas vitales de servicios públicos.
Es una queja muy sentida sobre un problema del cual será muy difícil desprendernos, porque tenemos un país altamente politizado y la dirigencia partidaria parece más concentrada en sus intereses que en el futuro institucional del país.
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