Hablar de la crisis de Poder Constituido requiere tener presente su actual conformación, el cuadro económico, social y político imperante, el grado de descredito y erosión de su legitimidad, y también el descontento acumulado en el seno del pueblo.
La burguesía transnacional es su componente de sustentación fundamental y ciertamente ha incrementado su control sobre nuestro territorio y sobre la dinámica económica, política y cultural del país.
Asociada a ese poder supranacional y a la corrupción estatal, la gran burguesía dependiente, sus grupos y familias tradicionales, han ampliado su fortuna en forma espectacular en el contexto de la actual institucionalidad.
Así mismo, a la sombra del capital y subordinada a esos dos factores, la elite de la partidocracia tradicional, enriquecida por la vía de la corruptela estatal -incluida la apropiación rapaz de gran parte del patrimonio público y natural del país- se ha convertido en una facción neo-capitalista de corte mafioso (suma de nuevas mafias políticas, empresariales y militares) y factor determinante de la institucionalidad de ese poder.
En el marco de ese latrocinio son evidentes las extraordinarias ventajas obtenidas por la cúpula del Cártel o Corporación PLD y asociados, principalmente sus facciones danilistas y leonelistas, respecto al pillaje practicado también por las cúpulas del PRSC, PRD-PRM y grupos satélites, unas veces ubicados en el gobierno y otras en la llamada oposición.
Esa condición ha sido aprovechada óptimamente por sus jefes, Leonel Fernández y Danilo Medina, para fraguar un régimen político muy peculiar: una DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA disfrazada de democracia, montada sobre un lumpen capitalismo local y transnacional de viejo y nuevo tipo, y cruzada transversalmente todas las opresiones y discriminaciones que potencian la sobre-explotación y la súper-corrupción
Capitalismo, patriarcado, dictadura de los adultos sobre jóvenes y niños/as, desprecio por los/as “envejecientes” (adultos/as mayores), maltrato a inmigrantes pobres (con saña contra los nacionales haitianos-negros), homofobia, racismo, y depredación-contaminación ambiental con elevados costos para la nuevas generaciones… van de la mano en el ejercicio de los poderes establecidos a nivel de Estado, partidos, empresas, iglesias, familia y espacios territoriales.
El actual gobierno es una síntesis condensada de corrupción, impunidad, depredación y contaminación… montado sobre un Estado putrefacto que alimenta un capitalismo de similar calaña y convierte en negocio y prostituye todo: las compras y los servicios del Estado, la salud, el deporte, el trasporte, la educación, las fronteras terrestres y marítimas, la salud, la seguridad social, ciudadana y alimentaria, las concesiones y contratos, el sistema de pensiones, el deporte, el transporte, los servicios de electricidad y agua, las importaciones estales, los derechos del pueblo…
Además, aúpa los vicios, los delitos, las banalidades, el consumo superfluo…
• CRISIS INTEGRAL, DECADENCIA E ILEGITIMIDAD.
Así las cosas, su crisis se expresa en todas las vertientes de gestión de las políticas públicas y de las necesidades populares y en sus impactos desgarradores sobre las fuerzas sociales dominadas, explotadas, excluidas… sobre un pueblo cada vez más empobrecido materialmente.
Es una crisis integral y estructural: económica, social, político-institucional, medio-ambiental, urbanística, policial-militar, moral, de alimentación, salud, de educación, de seguridad nacional y derechos humanos.
En lo económico-social, las enormes sustracciones por la vía de la corrupción de las contribuciones impositivas y otros ingresos del Estado, merma extraordinariamente el empleo del presupuesto nacional en el bienestar social y planes productivos, agrava constantemente el déficit fiscal, genera una tendencia perversa al endeudamiento externo e interno mal empleados y también diezmado por la corrupción, empobrece las nuevas y futuras generaciones.
El desfonde de la economía y las tendencias a los estallidos sociales y a la descomposición social con altos grados de delincuencia, son previsibles.
Está trágica realidad no tiene respuesta desde el ya degradado poder constituido, desde este tipo de instituciones y gobierno, incluido su viciado sistema electoral.
Por eso, no es insensato afirmar que esta es una crisis de decadencia que se expresa, además, en la progresiva e indetenible descomposición institucional y del sistema tradicional de partidos.
Es también una crisis de esta institucionalidad por el alto grado de erosión de sus bases apoyo, por los métodos fraudulentos y las fechorías que emplea para perdurar, por el gran descontento popular acumulado y el gran cuestionamiento que expresan sectores intermedios de la sociedad.
• LO MÁS NUEVO EN LA CRISIS.
Ahora, lo más nuevo –además de la intensidad y descaro con que imponen esas prácticas nefastas- son las contra-partidas populares en gestación: el formidable movimiento Marcha Verde por el fin de la corrupción impunidad, la avalancha contra la depredación miro-ambiental y en defensa del agua y la vida y la extraordinaria variedad de movimientos sociales en luchas con tendencia a confluir en un enorme torrente.
Pero si no hay quiebra y reemplazo de de sus instituciones putrefactas, la tendencia general es que la crisis perdure, se alargue, se agrave y genere más caos.
Porque las crisis por sí solas, no garantizan el punto de quiebre y las salida alternativas superadoras de las institucionalidades decadentes, como la vigente en nuestro país; pero si ofrecen grandes oportunidad para lograrlo en el contexto de las ondas, cortas o largas, de movilizaciones y paralizaciones multitudinarias que la actual crisis nacional ya ha dado señales de generar.
Estamos a la puerta de una nueva oleada con el anuncio de la MARCHA DEL MILLÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN
Ese es el caso dominicano.
Y eso nos remite necesariamente al gran tema de politizar las luchas sociales, de impulsar una línea de ruptura institucional y superación de lo establecido, junto a un proceso constituyente capaz de responder a la necesidad de construcción desde las calles de un poder popular paralelo (con vocación de poder constituyente), que garantizar una destitución del régimen político y el quiebre de la dictadura constitucional que apunten hacia la superación del poder constituido acompañada de una propuesta alternativa.