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Crisis del poder constituido en RD

Crisis del poder constituido en RD
Narciso Isa Conde

Hablar de la crisis de Poder Constituido requiere tener presente su actual conformación, el cuadro económico, social y político imperante, el grado de descredito y erosión de su legitimidad, y también el descontento acumulado en el seno del pueblo.

La burguesía transnacional es su componente de sustentación fundamental y ciertamente ha incrementado su control sobre nuestro territorio y sobre la dinámica económica, política y cultural del país.

Asociada a ese poder supranacional y a la corrupción estatal, la gran burguesía dependiente, sus grupos y familias tradicionales, han ampliado su fortuna en forma espectacular en el contexto de la actual institucionalidad.

Así mismo, a la sombra del capital y subordinada a esos dos factores, la elite de la partidocracia tradicional, enriquecida por la vía de la corruptela estatal -incluida la apropiación rapaz de gran parte del patrimonio público y natural del país- se ha convertido en una facción neo-capitalista de corte mafioso (suma de nuevas mafias políticas, empresariales y militares) y factor determinante de la institucionalidad de ese poder.

En el marco de ese latrocinio son evidentes las extraordinarias ventajas obtenidas por la cúpula del Cártel o Corporación PLD y asociados, principalmente sus facciones danilistas y leonelistas, respecto al pillaje practicado también por las cúpulas del PRSC, PRD-PRM y grupos satélites, unas veces ubicados en el gobierno y otras en la llamada oposición.

Esa condición ha sido aprovechada óptimamente por sus jefes, Leonel Fernández y Danilo Medina, para fraguar un régimen político muy peculiar: una DICTADURA CONSTITUCIONAL MAFIOSA disfrazada de democracia, montada sobre un lumpen capitalismo local y transnacional de viejo y nuevo tipo, y cruzada transversalmente todas las opresiones y discriminaciones que potencian la sobre-explotación y la súper-corrupción

Capitalismo, patriarcado, dictadura de los adultos sobre jóvenes y niños/as, desprecio por los/as “envejecientes” (adultos/as mayores), maltrato a inmigrantes pobres (con saña contra los nacionales haitianos-negros), homofobia, racismo, y depredación-contaminación ambiental con elevados costos para la nuevas generaciones… van de la mano en el ejercicio de los poderes establecidos a nivel de Estado, partidos, empresas, iglesias, familia y espacios territoriales.

El actual gobierno es una síntesis condensada de corrupción, impunidad, depredación y contaminación… montado sobre un Estado putrefacto que alimenta un capitalismo de similar calaña y convierte en negocio y prostituye todo: las compras y los servicios del Estado, la salud, el deporte, el trasporte, la educación, las fronteras terrestres y marítimas, la salud, la seguridad social, ciudadana y alimentaria, las concesiones y contratos, el sistema de pensiones, el deporte, el transporte, los servicios de electricidad y agua, las importaciones estales, los derechos del pueblo…

Además, aúpa los vicios, los delitos, las banalidades, el consumo superfluo…

• CRISIS INTEGRAL, DECADENCIA E ILEGITIMIDAD.

Así las cosas, su crisis se expresa en todas las vertientes de gestión de las políticas públicas y de las necesidades populares y en sus impactos desgarradores sobre las fuerzas sociales dominadas, explotadas, excluidas… sobre un pueblo cada vez más empobrecido materialmente.

Es una crisis integral y estructural: económica, social, político-institucional, medio-ambiental, urbanística, policial-militar, moral, de alimentación, salud, de educación, de seguridad nacional y derechos humanos.

En lo económico-social, las enormes sustracciones por la vía de la corrupción de las contribuciones impositivas y otros ingresos del Estado, merma extraordinariamente el empleo del presupuesto nacional en el bienestar social y planes productivos, agrava constantemente el déficit fiscal, genera una tendencia perversa al endeudamiento externo e interno mal empleados y también diezmado por la corrupción, empobrece las nuevas y futuras generaciones.

El desfonde de la economía y las tendencias a los estallidos sociales y a la descomposición social con altos grados de delincuencia, son previsibles.

Está trágica realidad no tiene respuesta desde el ya degradado poder constituido, desde este tipo de instituciones y gobierno, incluido su viciado sistema electoral.

Por eso, no es insensato afirmar que esta es una crisis de decadencia que se expresa, además, en la progresiva e indetenible descomposición institucional y del sistema tradicional de partidos.

Es también una crisis de esta institucionalidad por el alto grado de erosión de sus bases apoyo, por los métodos fraudulentos y las fechorías que emplea para perdurar, por el gran descontento popular acumulado y el gran cuestionamiento que expresan sectores intermedios de la sociedad.

• LO MÁS NUEVO EN LA CRISIS.

Ahora, lo más nuevo –además de la intensidad y descaro con que imponen esas prácticas nefastas- son las contra-partidas populares en gestación: el formidable movimiento Marcha Verde por el fin de la corrupción impunidad, la avalancha contra la depredación miro-ambiental y en defensa del agua y la vida y la extraordinaria variedad de movimientos sociales en luchas con tendencia a confluir en un enorme torrente.

Pero si no hay quiebra y reemplazo de de sus instituciones putrefactas, la tendencia general es que la crisis perdure, se alargue, se agrave y genere más caos.

Porque las crisis por sí solas, no garantizan el punto de quiebre y las salida alternativas superadoras de las institucionalidades decadentes, como la vigente en nuestro país; pero si ofrecen grandes oportunidad para lograrlo en el contexto de las ondas, cortas o largas, de movilizaciones y paralizaciones multitudinarias que la actual crisis nacional ya ha dado señales de generar.

Estamos a la puerta de una nueva oleada con el anuncio de la MARCHA DEL MILLÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN

Ese es el caso dominicano.

Y eso nos remite necesariamente al gran tema de politizar las luchas sociales, de impulsar una línea de ruptura institucional y superación de lo establecido, junto a un proceso constituyente capaz de responder a la necesidad de construcción desde las calles de un poder popular paralelo (con vocación de poder constituyente), que garantizar una destitución del régimen político y el quiebre de la dictadura constitucional que apunten hacia la superación del poder constituido acompañada de una propuesta alternativa.

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