SANTO DOMINGO.- El Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (Iddec), instituto dedicado a fomentar el estudio del Derecho Constitucional en el país, ha manifestado su profunda preocupación por la perturbación del orden constitucional en El Salvador.
Explican a través de un comunicado, que «la decisión de la Asamblea Legislativa de destituir, sin observar el debido proceso, el derecho de defensa y la existencia de una justa causa, a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, constituye un atentado contra los principios que articulan el constitucionalismo democrático y el modelo de Estado social y democrático de Derecho».
Esta sala, no solo tiene la responsabilidad de asegurar el ejercicio regular de las funciones estatales a través de la subordinación de las decisiones públicas adoptadas legítimamente por los poderes políticos al conjunto de disposiciones constitucionales reconocidas en la norma fundamental, sino que además actúa como un mecanismo de defensa de los derechos de las minorías.
«La decisión de la Asamblea Legislativa de destituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y al Fiscal General de la República es un atentado en contra del principio de separación de poderes y el constitucionalismo democrático», sentencian.
Además, que la justicia, al igual que la seguridad jurídica y el bien común, constituye uno de los principios fundamentales de El Salvador, de modo que forma parte del ámbito que representa el mínimo de justicia material en su ordenamiento jurídico. En efecto, conforme el artículo 1 del texto constitucional, “El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común”.
De lo anterior se infiere que el artículo 186, inciso primero, de la Constitución de El Salvador no puede ser aplicado con abstracción de los valores y principios fundamentales que articulan el constitucionalismo democrático y que, sobre todo, organizan al propio Estado. De ahí que cualquier decisión que sea contraria a estos principios, tal y como ha ocurrido con la medida adoptada por la Asamblea Legislativa, no es verdadero Derecho, sino que se trata de una especie de corrupción del Derecho.
El Instituto Dominicano de Derecho Constitucional (Iddec) exhortó a las autoridades de ese país a respetar la decisión adoptada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, mediante la cual se declara inconstitucional la decisión de la Asamblea Legislativa por violar el artículo 85 de la Constitución, y, en consecuencia, revierta su decisión y reponga en sus cargos a los jueces destituidos.