Se estima que las bandas armadas haitianas tienen bajo su control el 90 % de la capital.
Santo Domingo.– Las bandas armadas que operan en Haití han consolidado un control casi absoluto de grandes territorios del país desde la crisis política que siguió al asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021, hace ya más de cuatro años, desatando una catástrofe humanitaria y de seguridad sin precedentes.
Desde ese acontecimiento, la debilidad institucional —caracterizada por la ausencia de un gobierno plenamente funcional y una fuerza policial insuficiente frente a los grupos armados— ha permitido que estas estructuras criminales se organicen y amplíen su dominio sobre barrios y carreteras, especialmente en Port-au-Prince, donde hoy se estima que alrededor del 90 % de la capital está bajo su control.
Las bandas no operan de forma aislada: coaliciones como Viv Ansanm, liderado por Jimmy Chérizier (Barbecue), entre las más grandes y violentas, han unido a decenas de grupos con armas e infraestructuras de extorsión, secuestro y tráfico ilícito. Su acción ha transformado amplias zonas urbanas en territorios de facto donde el Estado no puede ejercer autoridad.
Viv Ansanm surgió como una alianza estratégica entre antiguas bandas rivales con el objetivo de enfrentar tanto a la Policía Nacional de Haití como a grupos criminales competidores.
Diversos informes señalan que el grupo se financia mediante secuestros, cobro de «impuestos» a comerciantes, contrabando de armas y tráfico de drogas, y que ha empleado tácticas de terror —como ataques coordinados, incendios de viviendas y bloqueos— para desplazar a comunidades enteras.
Las bandas haitianas han dejado a miles de civiles muertos o desplazados, escuelas y centros médicos cerrados, y más de 6 millones de personas (más de la mitad de la población) necesitando apoyo humanitario urgente.
Ante esta crisis persistente, numerosos organismos internacionales y fuerzas multilaterales han intervenido o expresado su apoyo, algunas con presencia en el terreno y otras con medidas políticas, humanitarias o de seguridad:
Autoridades del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron en 2025 una expansión de la misión internacional orientada a neutralizar a las bandas y estabilizar el país.
Agencias humanitarias de la ONU, como el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, continúan con:
La asistencia alimentaria
La atención médica móvil
La protección de desplazados
El onitoreo de los derechos humanos
Otra es la Organización de los Estados Americanos (OEA), la cual ha elaborado un Plan de Estabilidad y Paz para Haití y trabaja con países miembros en iniciativas de cooperación regional.
Fuerzas lideradas por Kenia y aportes de países de África, Caribe y otras regiones han reforzado la seguridad con personal policial y militar especializado en operaciones urbanas y protección de civiles, aunque la fuerza todavía no ha alcanzado la escala inicialmente proyectada debido a retos de financiación y logística.
Asimismo, Haití cuenta con el apoyo de Médicos Sin Fronteras (MSF) y otras ONG que han prestado atención sanitaria y ayuda de emergencia, aunque muchas instalaciones han tenido que suspender servicios temporariamente por inseguridad.
Aunque el respaldo de organismos internacionales y fuerzas multinacionales representa un paso importante, analistas coinciden en que la estabilidad del país dependerá no solo de medidas de seguridad, sino también de un proceso sostenido de reconstrucción institucional, diálogo político y atención a las necesidades básicas de la población.
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