REDACCIÓN.- Los abogados que representan a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, pidieron este miércoles a un tribunal de alzada que la jueza María Eugenia Capuchetti sea apartada del caso en el que se investiga el atentado sufrido por la expresidenta en septiembre pasado.
El pedido fue presentado ante la Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires.
Los abogados de Fernández habían pedido la recusación de Capuchetti el pasado 14 de noviembre, bajo el argumento de que la jueza «no es ni objetiva ni subjetivamente imparcial» en la investigación del intento de asesinado de la vicepresidenta a las puertas de su domicilio en Buenos Aires.
Ese pedido de recusación fue rechazado por la magistrada, por lo que la querella de Cristina Fernández recurrió a un tribunal de alzada.
Los abogados de Fernández cuestionan, entre otros detalles, que se borró el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel, el hombre detenido minutos después de apuntar un arma y gatillar a la cabeza de la vicepresidente, sin que saliera el disparo.
También critican que la jueza no haya investigado lo suficiente las presuntas conexiones entre los tres detenidos en el caso y Gerardo Milman, diputado de la opositora Propuesta Republicana (Pro) y quien fuera encargado de Inteligencia durante la gestión de Patricia Bullrich, actual presidenta del Pro, como ministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019).
«Si seguimos investigando llegamos a las terminales del Pro», afirmó este miércoles José Manuel Ubeira, uno de los abogados de Cristina Fernández, a las puertas de los tribunales.
El letrado también apuntó que se encontraron mensajes de otro de los detenidos por el caso, Gabriel Carrizo, en los que habría expresado, entre otras cosas, que «recién intentamos matar a Cristina», lo que para la querella implica un indicio de asociación ilícita entre las personas procesadas en la causa.
La vicepresidenta sufrió el atentado en medio de las manifestaciones a las puertas de su domicilio que se dieron después de que el 21 de agosto un fiscal pidiera para ella 12 años de prisión por presunta corrupción en los dos períodos en que fue mandataria.