Los avances efectivos que puedan lograrse en la lucha contra la corrupción administrativa, constituyen un imperativo de primer orden para el fortalecimiento institucional del país, a fin de que cada vez haya menos espacio para la impunidad o la dejadez frente a la malversación de fondos públicos.
Se trata, no hay duda, de un reto difícil y complicado por los intereses que deben enfrentarse, por lo que se requiere de un esfuerzo conjunto y decidido del Ministerio Publico, de la Justicia y de todos los estamentos que tienen para su responsabilidad la vigilancia y salvaguarda del patrimonio del Estado.
De nada valen las acciones que se inician desde una de esas instancias, si en el curso seguido por los procesos se actúa con indiferencia o de forma marcadamente benigna o acomodaticia, de acuerdo a determinados casos.
Nada justifica que se proceda de manera selectiva o excluyente, de acuerdo a las personas que sean señalados como presuntos prevaricadores. Sin excepción alguna, siempre deberá prevalecer la estricta observación de los debidos procesos de ley para que se determine en la justicia la culpabilidad o inocencia de los imputados.
La presentación de evidencias que sean sustentables y la buena instrumentación de los expedientes es un factor clave para que se pueda dar seguimiento a los procesos y evitar que se sean desestimados en los tribunales.
Mientras no hayan sanciones ejemplarizadoras en contra de la corrupción, con sentencias que obliguen a los culpables de desfalcos a pagar por sus delitos, la lucha en contra de la corrupción no pasará de ser un enunciado sin mayores consecuencias.
