La audiencia fue aplazada para el próximo viernes, 12 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana
SANTO DOMINGO.— El Ministerio Público solicitó a un tribunal de Valverde imponer un año de prisión preventiva contra Máximo Mendoza, acusado de registrar defunciones falsas utilizando documentos médicos y oficiales adulterados.
El imputado fue arrestado en el municipio de Mao, durante un allanamiento en su vivienda. La investigación reveló que se dedicaba a la falsificación y uso fraudulento de documentos públicos, para simular el fallecimiento de personas con las que mantenía vínculos económicos.
Los hechos se habrían cometido entre diciembre de 2024 y junio de 2025. Según las autoridades, Mendoza declaraba muertas a personas vivas para evitar pagarles préstamos otorgados y causarles daño económico.
Hasta ahora, se han identificado seis víctimas. En cinco de los casos, el imputado completó el proceso de defunción en el Ministerio de Salud Pública y posteriormente en la Junta Central Electoral (JCE). En un sexto caso, solo se registró en el Ministerio de Salud.
Las víctimas eran personas en condiciones de vulnerabilidad económica. A menudo, recurrían a préstamos personales usando como garantía los beneficios sociales que recibían, valorados en RD$2,100 mensuales, para cubrir necesidades básicas.
Aprovechándose de su precariedad, el imputado les ofrecía préstamos entre RD$5,000 y RD$15,000, exigiendo a cambio las tarjetas de asistencia social como forma de pago. Cuando las víctimas no podían saldar la deuda, Mendoza fingía ser un familiar directo (primo, tío o esposo) y procedía a registrar su muerte en las UNAP.
Su accionar constituye una violación al Código Penal Dominicano, así como al artículo 208 de la Ley Orgánica de los Actos del Estado Civil No. 4-23, que sanciona la falsedad en declaraciones oficiales.
El Ministerio Público también documentó que el imputado tenía la habilidad de simular angustia emocional y física al presentarse en centros de salud, para dar veracidad a sus falsos reportes de fallecimiento.
Los fiscales Víctor Manuel Mejía Rodríguez (titular de Valverde) y Esther María González Peguero (representante ante la JCE) argumentaron que la prisión preventiva es la medida más idónea y proporcional a la gravedad de los hechos, garantizando así la presencia del imputado durante todo el proceso judicial.
Solicitaron, además, que el caso sea declarado de tramitación compleja, conforme al artículo 369 del Código Procesal Penal, debido a la multiplicidad de víctimas, reiteración delictiva, uso de documentos públicos falsificados, y la afectación directa a los sistemas de salud y registros civiles.
La investigación cuenta con el apoyo de la Dirección Central de Investigaciones (Dicrim) y de la Dirección de Seguridad de la JCE.
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