Bogotá.- Cuatro presuntos integrantes de un frente del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC, fueron detenidos este martes en distintos puntos del país por atentar en 2021 contra la vida de Hermes Mayorga Anguer, además de su hija y su esquema de seguridad, informó este martes la Policía colombiana.
Los detenidos son Luís Ángel Carabalí, alias «Negro Lucho», que fue capturado durante un registro y allanamiento en el Valle del Cauca (oeste); los hermanos Álex Emelio y Víctor Manuel Zúñiga, capturados en una zona rural del departamento de Santander (noreste), y el último de los hermanos, James Jalil Zúñiga, en el departamento de Boyacá, (centro).
«Los investigadores lograron individualizar e identificar a los perpetradores del hecho quienes presuntamente eran subordinados de alias ‘Negro Lucho'», informó la Policía, quien detalló que se trata del cabecilla del Frente 10 «Martín Villa» del EMC.
Los hechos de este atentado se produjeron el octubre de 2021 en la vereda Santo Domingo, del municipio de Tame, perteneciente al departamento de Arauca (noreste), cuando la víctima, un firmante de paz, se desplazaba en un vehículo protegido junto con su hija y dos escoltas de seguridad.
El vehículo fue atacado con «disparos de arma de fuego de largo alcance», resultando herida de gravedad la hija de Hermes Mayorga.
Tras este suceso comenzó una investigación para esclarecer quienes fueron los culpables de este atentado, que duró 21 meses y que con la ayuda de personas testigos pudieron finalmente identificar a los responsables del delito.
La Policía Nacional, a través de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) y en coordinación con la Fiscalía General, realizó las investigaciones pertinentes para dar con estas personas, a las que se culpa de delitos por tentativa de homicidio, concierto para delinquir agravado, fabricación de drogas, porte de armas o disparo de arma de fuego.
AMPLIA TRAYECTORIA CRIMINAL DE ALIAS «NEGRO LUCHO»
El «Negro Lucho» pretendía expandir territorialmente su estructura coordinando «una red criminal urbana de sicarios que ejecutaban homicidios, intimidaciones y amenazas en el departamento de Boyacá» para exigirles a los comerciantes el pago de cuota de extorsión, según el relato policial.
Anteriormente fue miembro de las extintas FARC durante más de quince años, pero en 2016 se acogió al proceso de paz firmado entre esta organización criminal y el Gobierno Nacional, del que se desvinculó al volver a las armas y reincorporarse al EMC.