La relación entre buena ciudadanía y la prensa luce incomprensible para el entendimiento de muchos malos políticos. El analfabetismo funcional o la ignorancia hacen que legisladores y funcionarios pretendan controlar o sugestionar a los medios de comunicación sobre qué publicar o no de candidatos y partidos.
En sociedades donde operan libremente los mercados de ideas y además hay libertad empresarial, es imprescindible que la prensa opere sin ningún constreñimiento previo que no sean el criterio y la sindéresis de los editores. Solo un ciudadano informado, cuyo conocimiento de hechos, datos, sucesos y tendencias, esté basado en publicaciones fidedignas, podrá con esas informaciones y opiniones formar un juicio propio para decidir cuál leche comprar, cuál película ver, en cuál banco confiar o por cuál candidato votar.
Esta es la finalidad última y superior de la prensa: comunicar o dar noticias y opiniones para que cada ciudadano actúe en consecuencia según su interés. Por eso, resulta ridículo por imposible de cumplir, que la JCE o alguna ley pretenda sustituir el criterio de periodistas
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