El oficialismo defiende la presunción de inocencia de Castillo pese a acusaciones de corrupción administrativa
Santo Domingo.– La oficialización de las aspiraciones de Gonzalo Castillo para optar nuevamente por la candidatura presidencial del Partido de la Liberación Dominicana ha provocado cuestionamientos desde el oficialismo sobre la legalidad de la actividad, mientras dirigentes peledeístas defienden el proceso.
Aunque reconocen el derecho que tiene Castillo de aspirar a cualquier cargo de elección popular, dirigentes del Partido Revolucionario Moderno consideran que la actividad en la que el PLD presentó a los ocho aspirantes a la precandidatura presidencial podría contravenir lo establecido en las leyes electorales.
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Militantes de la Fuerza del Pueblo también abordaron el tema.
«Cada partido tiene una lógica electoral. Si sus miembros piensan que es el mejor candidato, será el mejor candidato; ahora el pueblo decide si toma en cuenta o no lo que ha sido su conducta pasada«, manifestó Nelsida Marmolejos, dirigente de esa organización.
Las acusaciones de corrupción administrativa contra Castillo no impiden que aspire a la candidatura, según dirigentes del partido morado, quienes señalaron que prevalece la presunción de inocencia. Asimismo, aseguraron que desde el oficialismo se promueven candidaturas presidenciales de manera anticipada.
«Ninguno de esos compañeros que están siendo objeto de una investigación traviesa tiene impedimento legal para aspirar a la Presidencia de la República», afirmó Yván Lorenzo, vicepresidente del PLD.
«Pero es que, señores, aspirantes tienen ellos, la gente del PRM, con el dinero del pueblo. Carolina, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es David Collado? El PLD lo que pasa es que sus estatutos establecen que para que usted pueda aspirar tiene que contar con el aval del Comité Central y por eso se hizo la actividad«, sostuvo Temístocles Montás, también vicepresidente del PLD.
El pasado domingo, el PLD celebró una reunión ordinaria de su Comité Central, en la que fueron dados a conocer los aspirantes que participarán en una consulta interna con miras a escoger su candidato presidencial para las elecciones de 2028.
Tras asegurar que para esa actividad mantuvieron contacto constante con la Junta Central Electoral, el colectivo morado afirmó que sus acciones están apegadas a lo establecido en la ley.
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