A los presidentes se les pegan muchas pifias y lisios de funcionarios, hasta de otros poderes como el judicial, cuyas deficiencias vergonzosas no son sólo de ahora. Por ejemplo, la variación de las medidas de coerción del caso del INTRANT, con graves implicaciones de seguridad nacional, es interpretada como que “los soltaron” o que las autoridades culipandearon. Hay buenos motivos para escoriar al Ministerio Público y la nueva Justicia independiente. En el caso Odebrecht, el mayor escándalo de corrupción latinoamericano, la Suprema Corte absolvió a los imputados porque los fiscales no sustentaron bien las pruebas, pese a confesiones de sobornadores. Es flagrante la ineptitud, impericia e indolencia de muchos procuradores en la retahila de procesos contra exfuncionarios del PLD, que tras cuatro años han sido víctimas de lawfare, abusivas privaciones de libertad y hostigamientos, sin condenas ejemplares en casos de culpabilidad demostrable. Quienes realmente deseamos un efectivo imperio de la ley sin impunidad y un combate serio contra la corrupción, en vez de justificar o defender a nuestros corruptos favoritos o la inverecundia de fiscales y jueces, debemos insistir al exigir que basta de circo. La credibilidad no se construye sólo con enormes gastos inefectivos en publicidad o relaciones públicas o cooptación mediática. Sigo creyendo en la buena fe y decencia del presidente Abinader, pero sin un manoplazo suyo en la mesa —y un san Antonio— se le seguirán pegando culpas ajenas.