SANTO DOMINGO.- Tras las protestas vinculadas a Barrick Gold, el sacerdote católico Johnny Durán Infante quien resultó herido la semana pasada expresó este lunes, que ya que el relacionador público de la Policía negó que no fue un miembro de la institución quien lo agredió, quisiera ver el video «si ellos lo tienen» para ver de dónde salió el impacto».
«Fui impactado por un objeto que no se puede determinar, si fue una piedra, si fue el objeto de la bomba, o si fue una bala, no se puede determinar, pero tampoco se puede determinar de dónde viene, quién la lanza, por eso le decía a alguien que si ellos tienen el video a mí me gustaría ver el video de quien fue que me hirió, porque por la misma razón que yo no puedo decir fue de aquí o de allá o fue fulano, por esa misma razón debería ser la base para que ellos tampoco aseveren que no fue de la policía», sostuvo.
Entrevistado en El Despertador, sostuvo que fue impactado durante la confrontación, en un momento en que los agentes seguían disparando a pesar de que la comunidad ya estaba dispersada.
Aclaró que, aunque no podía identificar al responsable, tampoco podía afirmar con certeza que los agentes de la policía no estuvieran involucrados.
Al ser cuestionado sobre las comunidades que serán reubicadas y cuántas familias están afectadas, detalló que seis comunidades están involucradas en el proceso de reubicación, aunque destacó que hay discrepancias sobre el número exacto de familias afectadas. Detalló que Inicialmente, un censo identificó más de 600 familias, pero luego este número aumentó a más de 800. Sin embargo, algunas familias fueron excluidas del proceso y están esperando ser incluidas en la reubicación.
En cuanto a los rumores sobre los desalojos, fue claro al señalar que en esta fase no se trataba de desalojos, sino de reubicación, un proceso que está siendo gestionado por la empresa minera y el Estado. Sin embargo, destacó que el diálogo se había complicado debido a diferencias en los precios y los criterios utilizados para calcular la compensación y determinar el número de familias afectadas.
Al ser cuestionado sobre la naturaleza de la manifestación, el padre respondió que no se trataba de una protesta tradicional, sino de un bloqueo humano realizado por la comunidad para impedir el acceso de equipos de la minera, con el fin de mantener abierto el diálogo entre la comunidad, el gobierno y la empresa. La razón del bloqueo era evitar que los equipos de trabajo ingresaran para realizar estudios de suelo, ya que la comunidad había sido alertada de que los trabajos comenzarían en la madrugada del 8 de enero.
“No era una manifestación como tal, sino que la comunidad bloqueó el acceso para mantener las condiciones de diálogo con la empresa y el gobierno. La comunidad había solicitado que no se incursionara en el área hasta resolver las diferencias”, explicó.
También explicó que la comunidad misma ha defendido a algunas familias, que en principio podrían haber sido excluidas, pero que están presentes en el área desde hace mucho tiempo. “Las comunidades han determinado qué familias deben ser incluidas. Aunque el censo original podría haber omitido algunas familias, la comunidad ha apoyado la inclusión de todas las que han estado allí”, afirmó.
En relación a las posibles irregularidades, de que en ocasiones algunas personas intentan aprovechar la situación para reclamar indemnizaciones, el sacerdote reconoció que en estos casos, la comunidad tiene un papel fundamental en identificar quiénes realmente necesitan ser reubicados, asegurando que el proceso debe ser transparente y justo para todos.
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