Redacción internacional.- La primera vista judicial del caso de Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González, por las fallidas transferencias no autorizadas desde cuentas corporativas que suman $100 millones, inició este viernes en el Tribunal de San Juan.
A su llegada a la corte, el artista, cuyo nombre de pila es Raymond Ayala Rodríguez, catalogó el proceso como una “enseñanza”. “Todos estamos aferrados a Dios. Es un proceso de enseñanza”, agregó el ícono de la música, quien no respondió si se sentía traicionado.
En cambio, sin comentarios y reprimiendo sus labios para no emitir alguna palabra, Mireddys hizo su entrada. González llegó a eso de las 8:30 a.m. a las instalaciones judiciales acompañada de sus abogados y de su hija, la maquillista Jessaelys Ayala González.
La defensa de González indicó a la prensa que su representante no puede emitir comentarios porque hay una determinación de mordaza para ambos casos, en referencia a la vista de hoy sobre las corporaciones y el del divorcio que se ve en el tribunal de Carolina.
El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de San Juan, abrió los trabajos a las 9:00 a.m. en la sala 904 y, tras escuchar inicialmente los planteamientos de ambas partes, expuso la posibilidad de que se pueda alcanzar un acuerdo en el pleito de índole corporativo.
“Debemos buscar cómo ser facilitadores de las partes, buscar la paz y la tranquilidad, y resolver sus diferencias de una manera jurídica, con todo lo que eso conlleva”, expresó Cuevas, antes de decretar un receso para que las partes intentaran llegar a un consenso.
“Podríamos ver la manera en que las partes podrían lograr un acuerdo que le ponga fin a este litigio y encamine las conversaciones transaccionales para otros posibles litigios en el futuro”, agregó el letrado, quien anticipó que la controversia podría escalar al Tribunal Supremo.
“Después de todo, las partes son seres humanos. No estamos hablando de corporaciones frías, sino que son seres humanos que compartieron gran parte de su vida y no pueden pensar que todo ese tiempo fue en vano”, mencionó Cuevas, en la primera parte de la vista.
En la sala durante el receso, el aún matrimonio apenas se miró. González se mantenía sentada en el primer banco, al extremo izquierdo, junto a su hermana y su hija Jesaaelys y otros parientes de ella.
El exponente urbano, en cambio, estaba acompañado de su equipo de abogados, frente al estrado del juez Cuevas Ramos. En el primer banco de la derecha, Jeremy observaba en solitario a su padre.
Durante la primera alocución en sala, la defensa de Daddy Yankee estableció que “nunca en la historia de las corporaciones se había hecho un retiro de esa naturaleza”, dijo el licenciado Carlos Díaz Olivo en referencia a la fallida transacción de $100 millones.
Un enérgico Díaz Olivo reiteró que la solicitud de su cliente es que se le “de acceso ilimitado” a los libros de las corporaciones que representan el trabajo artístico de Daddy Yankee en sus últimos tres décadas.
“Necesita tener un acceso completo y la extensión de los libros. No es cierto que se le dio el acceso”, afirmó Díaz Olivo al juez.
Asimismo, expuso que al artista urbano “no le corresponde limitar a nadie de lo que se trabajó. No se le va privar a nadie”.”Si no hay acceso a las corporaciones cómo va a tener injerencia y derecho. No se le consultó nada”, expresó el también analista político de Telemundo.
Por su parte, el licenciado Luis Sánchez Betances, quien en sala insistió en que se reconsidere que él sea el representante legal de las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris y no el licenciado Jean Paul Vissepó, indicó que el retiro de los $100 millones fue una transacción que hizo González para pagar dividendos a razón de 50% en partes iguales para las cuentas de Daddy Yankee y de la aún esposa del artista.
El juez Cuevas Ramos, de inmediato, preguntó: “¿100 millones en dividendo?” al licenciado Sánchez Betances, pero este se limitó a responder con un “sí” sin aclarar el asunto.
La defensa legal de Daddy Yankee objetó el argumento y explicó que precisamente el recurso legal que los trae hoy al tribunal es para que se detalle todas las transacciones y movimientos que se realizan en las corporaciones que representan al artista.
No obstante, la defensa de las hermanas González señaló que no tiene objeción en abrir los libros y dar la información sobre las corporaciones.
En ruta a esta vista, Cuevas Ramos determinó consolidar las demandas radicadas por los abogados del reconocido artista, pues tienen prácticamente la misma finalidad y abordan asuntos relacionados con las corporaciones El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc.
En este caso, el artista también es representado por Anabelle Torres Colberg. Mientras, los abogados Pilar B. Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt conforman el equipo legal de las hermanas González.
La defensa del artista acusó a las hermanas González de intentar realizar transferencias por la suma de $100 millones desde las cuentas bancarias corporativas de El Cartel Records, Inc., y Los Cangris, Inc., que, presuntamente, serían depositadas en sus cuentas personales.
La suma se dividiría en $80 millones de una de las cuentas bancarias de El Cartel Records, y $20 millones de una de las cuentas de Los Cangris, según un documento judicial.
En declaraciones escritas, los abogados de Daddy Yankee indicaron que el artista llevaba aproximadamente año y medio solicitando a las hermanas González, en buena fe, acceso a sus compañías y a los estados financieros, pero “su solicitud ha sido desatendida”.
Asimismo, resaltaron que su representado, supuestamente, ha tenido acceso a información limitada, lo que le ha impedido tener conocimiento y transparencia sobre las gestiones corporativas, sus finanzas y los compromisos que, en su nombre y con sus marcas, hayan sido realizados.
Al recurrir al tribunal, el artista busca evitar, entre otras cosas, que ambas demandadas retiren dinero de las cuentas corporativas. Daddy Yankee solicita que se ordene que no puedan tomar decisiones y realizar “desembolsos, girar o disponer de cualquier manera de los derechos, patrimonio, activos o recursos de las empresas de manera unilateral y sin contar con la participación y aprobación del demandante”.
Este caso, de índole corporativo y con sede en el Tribunal de San Juan, es el segundo en marcha en el sistema judicial de la isla, pues la pareja también atraviesa por un divorcio incoado en el Tribunal de Carolina.
Referente a este último caso, la jueza Eva S. Soto Castelló, del Tribunal de Carolina, emitió una orden de mordaza en el caso de divorcio por “ruptura irreparable” que presentó el artista.
Las hermanas González intentaron, mediante una moción, que el Tribunal de San Juan declarara el proceso de demandas referente a las corporaciones como “confidenciales”, lo que no le hubiese permitido al público, ni a los medios de comunicación, estar presente en las vistas ni tener acceso al expediente, pero Cuevas Ramos denegó la petición.