SANTO DOMINGO.- Las aseveraciones del Departamento de Estado de EEUU de que en el país existe la mayor población apátrida de todo Occidente y las denuncias de algunos congresistas sobre supuestos trabajos forzados en los cañaverales y bateyes, provocó opiniones divididas entre representantes de diferentes sectores del país.
El informe que indica además que el Gobierno de República Dominicana no cumple con las normas mínimas para acabar con la trata de personas, encontró el respaldo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que aseguró el documento toca aspectos muy graves y que dejan al desnudo a las autoridades dominicanas.
De igual forma, el presidente de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, consideró que el informe se corresponde con la verdad y deploró que los casos las sentencias para otorgar la nacionalidad a hijos de inmigrantes haitianos se encuentren engavetadas.
Tras considerar que el país ha brindado la ayuda necesaria a Haití, Legisladores de las diferentes bancadas rechazaron el documento que coloca a la República Dominicana en la categoría 2 por no cumplir con los estándares mínimos para controlar el tráfico ilegal de personas.
Pese a que el informe reconoce algunos esfuerzos realizados por las autoridades para la prevención de la trata, el Departamento de Estados consideró que el trabajo para identificar las víctimas de la trata parecían «inequitativos», ya que para ellos el Gobierno dominicano no brindó ayuda a los nacionales haitianos, no aprobó una ley que ampare las víctimas de tráfico sexual en menores de 18 años y no financió adecuadamente los esfuerzos contra el delito.
Estados Unidos recomendó al país evaluar de forma proactiva a los haitianos y dominicanos en Haití, en especial las embarazadas, migrantes y aquellos que pertenecen a la industria azucarera.
Dijo que la situación de los trabajadores cañeros es más grave de lo que plantea el informe y advirtió que las consecuencias serán mayores para el país debido a que el informe no tiene “desperdicios”, manifestó que con respecto a los trabajadores haitianos hay un movimiento de opinión en el Congreso que de no mejorar los datos revelados por ese informe podría terminar con una prohibición de la entrada de la industria azucarera a Estados Unidos.
El representante de los derechos humanos llamó a las autoridades a poner atención a ese informe y manifestó que es urgente que el Congreso se aboque a la reformular y a poner conforme al estado de derecho de la reforma del la Constitución del 2010, leyes que aún diez años después todavía no se han ubicado.
Con relación a la ley sobre Trata y Tráfico de personas, dijo es una de duda pendiente que tiene el Congreso de la República y reiteró que que no ”hace nada para que eso se apruebe a pesar de los grandes privilegios que goza ese poder del Estado”.
