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¿De dónde salen los 200,000?

En el índice sobre personas apátridas publicado en diciembre de 2014 por el Instituto sobre Apátridas e Inclusión (Institute on Statelessness and Inclusion), con sede en los Países Bajos, la República Dominicana aparece en quinto lugar con la cantidad de 210,000 personas en esa condición en la lista de los veinte países con más personas apátridas alrededor del mundo. Los países que aparecen por encima de República Dominicana son: Latvia (267,789), Tailandia (506,197), Costa de Marfil (700,000) y Myanmar (810,000). Una lista similar publicó la revista The Economist en mayo de 2014 con datos tomados del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la cual República Dominicana aparece con 200,000 personas apátridas.
Más que cualquier otro de los problemas que República Dominicana enfrenta en la relación a la presencia de haitianos y sus descendientes en territorio dominicano, este es el que más afecta la imagen de nuestro país. Solo ver los nombres de los países que acompañan a República Dominicana en el tope de esas listas nos indica cuán serio es este problema para un país con una economía abierta, integrado a los mercados más grandes del mundo –Estados Unidos y la Unión Europea- a través de tratados de libre comercio y con un sector turístico pujante y en constante expansión.
El problema es que esas cifras sobre personas apátridas en República Dominicana son sencillamente falsas, pero lamentablemente hemos llegado a un punto en que no parece haber razones ni evidencias que hagan que ciertos sectores en el escenario internacional reconsideren sus posiciones y juicios sobre nuestro país en esta materia. El discurso de lo “políticamente correcto” impide ver la realidad desde otra perspectiva o siquiera tomar nota de los cambios que se han producido en el país en el último año y medio, tanto en materia migratoria como de nacionalidad, en lo que respecta a la población haitiana y sus descendientes en territorio nacional.
Ahora bien, ¿de dónde salen los supuestos 200 mil apátridas que hay en República Dominicana? Para este articulista dos factores hicieron posible que esta cifra apareciera como arte de magia y se asentara como verdad indiscutible en esos registros sobre personas apátridas que tienen los organismos especializados, así como en el criterio de importantes sectores de la opinión pública internacional. El primer factor fue la implacable aplicación de lo que el gran sociólogo estadounidense Robert K. Merton denominó la “ley de las consecuencias imprevistas” en lo que respecta a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional; mientras que el segundo factor fue una genialidad mediática de alguien imposible de identificar que hizo que dicha cifra circulara alrededor del mundo como un rayo de luz apenas horas o días después de emitida dicha Sentencia.
Aquí va la explicación: en su Sentencia, el Tribunal Constitucional hizo uso de cifras contenidas en la Primera Encuesta Nacional de Inmigrantes en la República Dominicana (ENI-2012) para señalar que el total de inmigrantes en el país ascendía a 524,632 personas, de las cuales 458,233 provenían de Haití, a lo que agregó, basado en la encuesta, que la suma de los inmigrantes y sus descendientes ascendía a 768,783 personas, de las cuales 668,145 eran de origen haitiano. Y en ese contexto de manejo de cifras, la Sentencia dijo lo siguiente: “La recurrente Juliana Dequis (o Deguis) Pierre es solo una de esas 668,145 personas, por lo que el problema que nos ocupa no solo atañe a ella, sino también a otra gran cantidad de inmigrantes haitianos y sus descendientes…”
Esas son cifras meramente indicativas sobre la realidad de la población migrante en el país y sus descendientes, pero las mismas no fueron desglosadas ni analizadas en sus especificidades para determinar la condición particular de cada una de esas personas. Y ahí entró en juego una genialidad mediática que devenido en una “consecuencia imprevista” por el Tribunal Constitucional a la hora de hacer uso de dichas cifras. Alguien hizo un ejercicio de matemática elemental y calculó que si la diferencia entre los migrantes y sus descendientes era de alrededor de 200,000 personas, y que todas ellas serían “desnacionalizadas” y se convertirían en apátridas. Este número ha sido usado centenares de veces, sino miles, en artículos, reportes y comentarios, y ha llegado ya a asentarse en los índices de apátridas en el mundo.
Lo que lamentablemente queda fuera de la consideración de los críticos de República Dominicana es que, para dar respuesta legal a los afectados por la sentencia 168 las Cámaras Legislativas, por iniciativa del Poder Ejecutivo, aprobó unánimemente la Ley 169-14, cuya constitucionalidad, para irritación de algunos extremistas, fue validada por el propio Tribunal Constitucional. Y de la auditoría que llevó a cabo la Junta Central Electoral por mandato de dicha Sentencia y de la propia Ley, alrededor de 55,000 personas –muy lejos de 200,000- se encontraban en una situación similar a la señora Dequis Pierre, cuya condición como dominicanos fue validada por la referida Ley, incluyendo todos los actos de su vida civil. Y a aquellas personas que, habiendo nacidas en el país no se encontraban registradas en el registro civil, las cuales representan un número todavía menor, la Ley les dio una ruta para acceder a la nacionalidad vía la naturalización. De lo que se trata ahora es terminar de ejecutar la Ley 169-14, pues esta será la mejor defensa que pueda tener el país ante los ataques que recibe continuamente en relación a este asunto.
El reto de las autoridades políticas y diplomáticas dominicanas es enorme, pues no hay dudas de que donde quiera que vayan encontraran interlocutores aferrados a sus posiciones, literalmente impermeables a evidencias y razonamientos, por lo que la tarea de cambiar los términos del debate y del discurso sobre República Dominicana será compleja y de largo plazo. A la vez, el liderazgo gubernamental y político en general tiene que continuar fortaleciendo la legalidad y la institucionalidad del Estado como condición fundamental para lidiar con eficacia tanto con la migración haitiana como con la relación bilateral con Haití en sentido general.

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