La lancha enfiló proa a toda velocidad hacia el norte, buscando La Florida. Nadie, que no fueran los traficantes y sus víctimas, imaginó siquiera tal trama.
El capitán la había desplazado con discreción entre unos “indiferentes bañistas” que disfrutaban las aguas de la playa Jaimanitas de La Habana, Cuba, a pocos pasos del histórico hotel Ernest Hemingway.
En lo que dicen berenjena, algunos de ellos montaron la nave y ésta se perdió en el horizonte pese a las advertencias sobre los riesgos de la travesía que le hacía la autoridad por una bocina, desde un guardacosta oficial de esa isla caribeña.
A partir de ese momento los bañistas se convirtieron en viajeros indocumentados que empero llegarían a puerto seguro, ayudados –según cubanos testigos de la partida inesperada– por la corta travesía (90 millas) en mar tranquilo, razones políticas, una activa mafia que mueve del negocio y la buena calidad del medio de transporte. Una inusual escena digna de films de Hollywood, pero real, avistada también por periodistas latinoamericanos y caribeños que mataban el cansancio tras una jornada académica de ocho horas. Apenas se dormía aquella tarde de final de 2001.
En La Mona, el canal del mar Caribe entre el sureste de República Dominicana y Puerto Rico, el asunto no es tan divertido. Los traficantes de humanos son muy activos, la ruta de 111 kilómetros (60 millas náuticas) es intensa y muchos de los incautos llegan al destino ignorado, aunque los muertos se cuenten por montones y sea más que humillante el desprecio por los sobrevivientes que logran las metas. Al menos 58 personas han fallecido de unas 70 que habían abordado en las costas de la turística Samaná una embarcación hecha a la carrera para tales fines, y que zozobró –o la zozobraron– la madrugada del 4 de febrero.
Después del narcotráfico, los viajes ilegales en yolas (embarcaciones no aptas para travesías peligrosas) es lo más perverso que he podido ver en mi vida. Y, sin embargo, es lo que concita más indiferencia del liderazgo político y económico de este país, para no decir del mundo. El tema solo resuena en los oídos de la población como escándalo mediático de coyuntura con fuerte aderezo de morbo.
Las escenas sobre los muertos de los naufragios dan pena y vergüenza a la vez. Son ejemplo vivo del insignificante valor de un pobre, aun después de muerto. Sobre todo desnudan la gran capacidad de la autoridad, políticos de oposición, empresarios y demás figureros para acomodarse al show de mal gusto que se arma con la tragedia ajena, como si fuese una pasarela para exhibir trajes de baño o carteras cuando en realidad se trata de un negocio sucio y harto criminal del cual todos son culpables por omisión o comisión.
¿Cuántos mueren en La Mona? Nadie lo sabe. ¿Cuántos logran su objetivo? Nadie lo sabe. Sí se sabe que esta empresa tiene rutas más activas que las del transporte público de la capital dominicana, con cabezas invisibles aquí y en Puerto Rico. Cabezas que nunca han rodado porque el dinero que mueven es mucho y rige un concierto de complicidades. Las investigaciones siempre se agotan con la espuma del sensacionalismo mediático y, a veces, con el apresamiento de supuestos organizadores cuyos perfiles de pordioseros indican que hay superiores intocables bajo la sombra.
Para enfrentar el crimen, habría que comenzar a desenterrar sus poderosas raíces y a desinteresar a los viajeros con discursos basados en la realidad de Puerto Rico o cualquier país ajeno, al tiempo que ayudan a resolverles sus condiciones materiales de existencia. Si no hubiera viajeros, no habría viajes, como careceríamos de narcos si no existieran drogadictos.
Pero resulta que esta nación se ha constituido en una fábrica gigante de viajeros indocumentados donde opinantes públicos y políticos de oposición en campaña son accionistas de primer orden. Son constructores prolíficos de desesperanzas con tal de lograr adhesiones. Se aprovechan de la vulnerabilidad del semillero de pobres e indigentes hambrientos y faltos de educación formal que cubre este territorio de poco más de 48 mil kilómetros cuadrados y 10 millones de habitantes.
Políticos y opinantes mediáticos carecen de licencia para exacerbar los ánimos de gente ignorante y desesperada por la falta de expectativas, y llevarla anestesiada a los brazos de genocidas profesionales. Como carece de licencia la autoridad para hacerse la “chiva loca” con problema socia tan grave. No tienen derecho.
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