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De la crítica radical a una propuesta transformadora

La crítica radical respecto al poder constituido  y al ejercicio de la democracia de calle ha seguido en ascenso.

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Es necesario superar las propuestas conservadoras.

La crítica radical respecto al poder constituido  y al ejercicio de la democracia de calle ha seguido en ascenso.

El informe sobre el caso Odebrecht, de un Procurador al servicio de la impunidad y bajo las instrucciones emanadas del Palacio Nacional, ha intensificado y extendido el criterio de que estamos ante otra farsa judicial que exige desconocer la vía institucional para hacer justicia y concentrarnos en las movilizaciones e iniciativas extra-institucionales que posibiliten cambiar el cuadro político y abrir nuevas ruta.

Está confirmado que en nuestro país el sistema de corrupción e impunidad ha devenido en una dictadura constitucional mafiosa bajo el mando de la Corporación-cártel PLD y asociados, cuyo actual tutor es Danilo Medina.

Esa realidad incluye al Ministerio Público y al Poder Judicial, pero no solo.

Todos los poderes “electivos” del Estado están bajo un mando político centralizado ubicado en el Palacio Nacional; mientras los poderes fácticos (corporaciones empresariales, cuerpos castrenses y jerarquías eclesiales conservadoras…), están asociados a ese centro sin el menor pudor; siempre en interés de obtener enormes ventajas de un Estado cuyo erario y bienes son considerados patrimonio de quienes detentan y manipulan sus instituciones.

Aquí los escándalos de corrupción y crímenes diversos se suceden uno tras otros, develando la manera cómo diversos grupos mafiosos articulados a funciones públicas y a negocios privados han asaltado todos los niveles de decisión y todas las entidades estatales para hacerse de dinero y multiplicar fortunas robando, extorsionando y traficando todo y de todo.

El sistema judicial, importante palanca del llamado régimen de consecuencia, está postrado ante las mafias y el crimen protagonizado por políticos, empresarios o militares; garantizándole impunidad.

La podredumbre es tal que la impunidad protege todo delito, no importa el nivel, si quien lo comete tiene influencia política o capacidad de sobornos, incluyendo abundantes y degradantes femenicidios y abusos infantiles. Y se extiende a todo el sistema de partido hasta el punto que las figuras principales de sus tres principales matrices (PLD, PRSC y PRD-PRM) son susceptibles de condenas judiciales siempre bloqueasdas

  • FRAUDE SOBRE FRAUDE: ESA ES LA HISTORIA.

La dictadura constitucional mafiosa incluye sistema electoral al servicio de esas fuerzas y especialmente de quienes la manipulan desde el gobierno central, sirviéndole de vía y mecanismo para reproducirlo a favor de quien detente el Poder Ejecutivo y para repetir las mismas prácticas funestas y enriquecerlas con nuevas modalidades de delincuencia.

 Las tres últimas elecciones han sido fraudulentas en espiral hasta develarse  que en las del 2016 se registró uno de los más altos niveles de perversión y degradación electoral de nuestra historia.

Y está claro que si no se cambia previamente esta institucionalidad pervertida, las elecciones que vienen “pintan” peores, por dos razones supremas:

  • Porque JCE y TSE están controlados políticamente por quienes exhiben prontuarios de delitos mayores, que de ser desplazados del poder que detentan, pasarían a ser blancos de la justicia recuperada.
  • Porque la historia no registra que gobierno alguno producto del fraude organice elecciones limpias.

Hay que repetirlo hasta la saciedad: ni las clases ni las mafias se suicidan.

No olvidemos que ellas son responsables y beneficiarios de la híper-corrupción que generó ODEBRECH, de los sobornos y el ecocidio de BARRICK GOLD, del escándalo TUCANOS y las operaciones mafiosas en el  CEA, CORDE, OISOE, OMSA, ESCANERS de LA JCE, Congreso, Justicia Policía, DNCD, Fuerzas Armadas, régimen de los combustibles y de la importaciones gubernamentales…

Y sus integrantes son a la vez los autores intelectuales y materiales de los fraudes electorales amalgamados con todo tipo de fechorías: contratación de sicarios, violaciones de las leyes y abusos de poder.

Están apegados al poder como sanguijuelas. Y en tales circunstancias no sé quien honestamente podría imaginárselos cediendo a los reclamos de democratización, limpieza y equidad del sistema electoral con tantas alcancías, operadores mafiosos y delitos a cuesta. Por más presiones institucionales que se le hagan.

  • TOMAR LAS CALLES.

Es obligado, en consecuencia, derrotarlos en las calles y desde las calles, creando una situación en la que no les sea posible gobernar, dado que también han podrido las urnas junto a todo el sistema instalado.

Esta dictadura mafiosa se robó las urnas a largo plazo y eso determina que hay que derrotarla ejerciendo democracia de calle a niveles supremo. No hay  otra posibilidad, si no queremos ser afectados/as por costosos reveses políticos.

Esa vía, para no producir una ruptura que genere un vacío de poder, precisa de una propuesta transformadora que apunte a recrear el Estado, sus instituciones y el proyecto de sociedad. Debe, por tanto, ser complementada con una propuesta política, que al descartar la institucionalidad putrefacta vigente, asuma, con el pueblo como protagonista, la creación  de conciencia y organización en esa dirección y la construcción de un poder constituyente capaz de obligar a colapsar  gobierno e instituciones carcomidas, organizar la transición vía una Asamblea Constituyente Popular y soberana que dote al país de una nueva Constitución.

  • ROMPER EL CERCO CON UNA PROPUESTA POLÍTICA TRANSFORMADORA.

Persistir en una crítica obligatoriamente radical y en propuestas conservadoras, institucionalistas, equivale a entrampar el movimiento verde y cualquier otro parecido.

El pueblo está clamando la radicalidad necesaria cuando corea: “EN LA LISTA FALTA GENTE, INCLUYENDO EL PRESIDENTE” y cuando reclama el fin del reinado del PLD y de la partidocracia corrompida funcional a él; a todas luces degradada  e incapacitada para generar esperanzas y convocar multitudes.

Los juicios y condenas de la sociedad contra Danilo  y su comparsa, y contra los ex-presidente Fernández y Mejía, y todo el abanico de altos funcionarios y empresas concesionarias  involucrados en el caso ODEBRECHT y otros parecido no deben seguir en la nevera de Marcha Verde, hay que relanzarlos.

La salida al tranque no es en lo inmediato electoral, ni puede ser protagonizada por un sistema de partidos agónicos o en descomposición.

La alternativa está en la confluencia de los movimientos sociales politizados, cruzados por corrientes revolucionarias y dispuestos a asumir una propuesta política transformadora.

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