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De la ‘Era de Trujillo’ a la ‘Era de la impunidad’

La “Era de Trujillo” sobrepasó tres décadas de terror, tiranía, apropiación de bienes públicos, etc.

Muerto Trujillo, llegó una esperanza frustrada por el golpe a Bosch y una resistencia que fue aplastada por la intervención yanqui en 1965.

Los doce años de Balaguer fueron un retroceso represivo.

Años después la “Era de la impunidad” articula la corrupción pública más voluminosa, uña y carne con una impunidad blindada por cuatro poderes: ejecutivo, legislativo, judicial y militar; además, reforzada por  poderes fácticos y mediáticos.

La proclamada ambición de gobernar hasta el 2044 en la “Era de la impunidad”, superaría a la “Era de Trujillo” en años, en corrupción cuantificada y batiendo todos los records de impunidad.

Se incluye el gobierno de Hipólito porque fue más de lo mismo en impunidad, y la función agregada de fiscal protector de Leonel.

¿Es exagerado resaltar la “Era de la impunidad”?  Al contrario, es una realidad tan presente como ominosa: un grosero retroceso.

De ahí el surgimiento de la iniciativa Impunidad Cero, que describe aspectos de nuestra actualidad con las siguientes líneas:

“Dado un caso en el que El Poder  tenga determinado interés, éste obligará al Sistema Judicial a encontrar un eslabón de su cadena donde pueda retorcer, ya los procedimientos, ya la ley escrita, ya la Constitución de la República, a los fines de garantizar un resultado del proceso favorable a sus intereses. Si el poder político tiene interés en detener la acción de un tercero que se querella en su contra un funcionario por corrupción, encuentra a una autoridad, dentro del sistema de justicia, que cambia la definición tradicional de “parte Interesada” y declara que el robo de fondos públicos no es tema que  le interese a ese tercero que eleva la querella y deja caer el caso. Si el poder político tiene interés en archivar un expediente de corrupción, encuentra un fiscal que lo archiva o como en el caso que nos ocupa, coloca a un juez de tránsito como juez interino para que anule el proceso basado en que la fiscalía no le dio aviso previo al prevenido de que estaba solicitando una medida de inmovilizar los fondos en las cuentas bancarias del prevenido. ¡Así de retorcido es el argumento!”

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