SANTO DOMINGO.- De acuerdo con el expediente de la acusación formal de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) los nuevos implicados en la Operación Calamar son acusados de diversos delitos tales como; desvió de fondos, falsificación de documentos, asociación de malhechores entre otros actos de corrupción.
A continuación detallamos quiénes son esos nuevos implicados en la Operación Calamar y específicamente de qué son acusados y qué tienen en común.
Al implicado Omar Manuel Miqui Arias, está acusado supuestamente de falsificación de documentos y firmas, para la distracción de fondos de provenientes de pagos por deuda pública realizados desde el Ministerio de Hacienda, en su beneficio y provecho.
Como también de supuestamente pertenecer a la asociación de malhechores y por estar vinculado directamente a los principales implicados en el caso.
También de supuestamente ser autor de estafar a Francisco Armando Ortega González y Estafa agravada contra el Estado. De acuerdo con el expediente Miqui solicitó al ingeniero Francisco Armando Ortega González el pago de un soborno del 45% del monto adeudado para él ayudarle con los trámites de pago en el Ministerio de Hacienda, realizando para estos fines una cesión de crédito sobre la base de una acreencia inexistente.
El documento señala que el imputado es acusado supuestamente de dirigir una estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda, donde falseaba documentos y desviaba fondos para su empresa Miqui Trade, S.R.L.
Rosa Arias Ruiz, quien fungía como notario público, es acusada supuestamente de fraude de legalidad y servía como soporte jurídico para el acusado Omar Manuel Miqui Arias.
Es decir, que sin Rosa Miqui no hubiera podido llevarse a cabo el proceso de falsificación de documentos con los cuales se estafaron al Estado y al señor Francisco Armando Ortega, según dice el documento.
La acusación formal presentada por el Ministerio Público, indica Rosa Arias, es acusada supuestamente por ser autora del uso y falsificación de documentos falsos, también de pertenecer a asociación de malhechores, cómplice de soborno y de estafa, violando al menos doce artículos del código procesal penal.
César Miguel Santana Martínez, es un abogado y colaboró en la instrumentación de créditos ficticia, y supuestamente acusado de solicitar de manera directa pagos de soborno y firmó cesiones de crédito con los que recibió los pagos por soborno.
El documento señala que implicada Santana Martínez se asoció supuestamente con Rafael Calderón Martínez, César Santana Martínez, Aldo Antonio Gerbasi Fernández, Mabel Sahina Mejía Citrón, Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, Edwin Oscar Brito Martínez y otros miembros de la estructura criminal.
El documento detalla que estas acusaciones delictivas son de estafa contra el estado, como también contribuyo presuntamente al plan de diseño con la estructura que operaba desde el Ministerio de Hacienda, que consistió en adquirir dinero de forma ilícita a través de los pagos que consistía en inyectar dinero a la campaña política de Gonzalo Castillo y para beneficio de los demás integrantes del entramado criminal.
César Miguel Santana Martínez es acusado de presuntamente violar más de diez artículos del código procesal penal dominicano.
Mabel Sahina Mejía Citrón, quien se asoció con Edwin Oscar Brito Martínez, quien es su esposo y Rafael Porfirio Calderón Martínez, son acusados supuestamente de firmar secciones de pagos de créditos ficticios y cobrar sobornos para la tramitación de expropiaciones ante el Ministerio de Hacienda. Como también de alegadamente violar más de diez artículos de código procesal penal.
Nathaly Hernández Guzmán, quien era empleada del Senado, se le acusa presuntamente de servir como testaferra recibiendo fondos provenientes del pago de sobornos del Ministerio de Hacienda por el pago de expropiaciones de terrenos y contribuir con la consumación de acciones típicas de estafa contra el Estado, soborno y lavado de activos.
Hernández Guzmán alegadamente violó más de 15 artículos del código procesal penal dominicano y además violó 3 artículos de la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Natividad Martínez Capellán y Kimberly Zayas Martínez quienes son madre e hijas, están acusadas de supuestamente servir como prestanombres para recibir fondos de los pagados por soborno de su familiar Edwin Oscar Brito Martínez, usando documentos falsos, se hicieron transferir a través de cesiones de crédito ficticias grandes sumas de dinero.
Se asociaron a otros implicados del entramado de corrupción para firmas cesiones de créditos y recibir pagos de sobornos.
Ambas son acusadas de supuestamente violar más de 5 artículos del código procesal penal dominicano, como también varios numerales de la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Marino Enrique Cabrera es acusado alegadamente de firmar cesiones de crédito para el pago de sobornos destinados a la estructura criminal dirigida por Rafael Porfirio Calderón Martínez, cuyo destinatario final era Ángel Donald Guerrero Ortiz, con la finalidad de patrocinar ilegítimamente la campaña de Gonzalo Castillo también Sirvió de prestanombres para recibir fondos.
Cabrera según el expediente violó supuestamente más de 10 artículos del código procesal penal dominicano, como también de artículos de la ley 448-06 sobre Soborno en el Comercio y de la ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Manuel Milcíades Morilla Gil, es acusado de supuestamente estafar al Estado mediante el pago de sobornos en asociación con funcionarios públicos y de personas jurídicas pertenecientes a la estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Ángel Donald Guerrero.
Manuel Milcíades Morilla Soto y Manuel Milcíades Morilla Gil, quienes son padre e hijo recibieron supuestamente un pago del Estado Dominicano por un total de seiscientos sesenta y nueve millones cuatrocientos ochenta mil setecientos cincuenta pesos (RD$669,480,750.00), como pago de expropiación de unos terrenos sobre los que no habían acreditado ser los verdaderos beneficiarios.
De esta suma, los acusados pagaron como soborno para la estructura supuestamente la suma de cuatrocientos treinta y cinco millones ciento sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta y siete pesos (RD$435,162,487.00).
Manuel Milcíades Morilla Gil, violó varios artículos del código procesal penal, así como también artículos de la ley de Soborno en el Comercio como de la ley de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
Manuel Milcíades Morilla Soto es otro de los que está acusado supuestamente de estafar al Estado mediante el pago de sobornos en asociación con funcionarios públicos y de personas jurídicas pertenecientes a la estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Ángel Donald Guerrero.
Morilla Soto se asoció supuestamente con Alejandro Constanzo, Ángel Lockward Mella (Ángel Lockward & Asociados, S.R.L), Emilio César Rivas Rodríguez, Belkis Antonia Tejada entre otros, empresas y personas que forman parte de la estructura criminal de corrupción instalada para el cobro de fondos por expropiaciones operada desde el Ministerio de Hacienda por el coimputado Ángel Donald Guerrero, cuyo destino final era el financiamiento ilícito de la campaña del entonces candidato presidencial Gonzalo Castillo.
Manuel Milcíades Morilla Soto, violó alegadamente varios artículos del código procesal penal, así como también artículos de la ley de Soborno en el Comercio como de la ley de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
Daniel Alberto Guerrero Mena, hijo de también acusado Ángel Donald Guerrero Ortiz, es acusado de supuestamente beneficiarse del programa destinado a contratistas del Ministerio de Obras Públicas, como también de estafar al Estado con el pago de sobornos perteneciente a la estructura criminal instalada en el Ministerio de Hacienda bajo la dirección de Ángel Donald Guerrero.
Daniel Guerrero Mena, a través de Intercaribe Mercantil S.A.S, movilizó, supuestamente transfirió y traspaso vía movimientos internacionales, fondos obtenidos de acciones ilícitas.
Guerrero violó alegadamente y según él Ministerio Publico varios artículos del código procesal penal dominicano, así como también artículos de la ley de Soborno en el Comercio como de la ley de Lavado de activos y Financiamiento del Terrorismo.
Rafael Porfirio Calderón Martínez, el exsenador por la provincia de azua en el periodo 2010-2020, es acusado de supuestamente reclutar personas con reclamos por pago de deuda pública con concepto de expropiaciones, con la finalidad de obtener beneficios personales y contribuir al financiamiento ilícito de la campaña política de Gonzalo Castillo, desde la estructura criminal creada en el Ministerio de Hacienda y dirigida por Ángel Donald Guerrero Ortiz.
Calderón Martínez es acusado supuestamente de mover grandes sumas de dinero provenientes de delitos de lavado de activos.
Rafael Porfirio Calderón Martínez violó presuntamente varios artículos del código procesal penal, como también, como también es acusado de pertenecer a asociación de malhechores, falsificación de documentos, como también de violar viarios artículos de la ley de lavados de Activos y el Financiamiento del Terrorismo entre otros.
El Ministerio Público señala a los 46 acusados incluidos en la Operación Calamar, entre los cuales hay 34 personas físicas y 12 empresas, de formar una estructura delictiva o “holding criminal” que le costó al Estado dominicano 21 mil millones de pesos en recursos pagados en violación a la ley.
Asimismo alega que esta estructura se configuró a partir del Ministerio de Hacienda, Contraloría General de la República, Dirección General de Bienes Nacionales, Consejo Estatal del Azúcar, Dirección General de Catastro Nacional, Banco de Reservas y Dirección General de Presupuesto, con el objetivo de estafar y desfalcar al Estado Dominicano.
Supuestamente, los acusados constriñeron a empresarios a cederle parte de su contrato, de lo contrario no seguirían siendo suplidores del Estado. De acuerdo con el MP, utilizaron esquemas empresariales tradicionales para hacer operaciones de lavado de activos al más alto nivel.
También adulteraron fecha de registro y de firma de contrato para lavar activos a través de empresas que recibieron cantidades exorbitantes del patrimonio público, por medio de contratos de negociación simulados y accedieron a préstamos y líneas de créditos, que en algunos casos excedieron los 45 millones de dólares, sin ninguna garantía.
Según la acusación formal obtenida por Noticias SIN falsearon la declaración jurada de bienes para poder ocultar los fondos ilícitos que habían obtenido y Aprovecharon los conocimientos que tenían sobre el manejo de la administración pública para violentar sus procedimientos y cometer ilícitos penales en beneficio de los miembros de la organización criminal y sus relacionados.