Por: Carolina Oleaga
SANTO DOMINGO.- La decisión el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional de declarar la extinción penal contra los militares y empresarios implicados en los sobornos en la compra de los aviones Super Tucanos, pese a que apenas en agosto había iniciado un nuevo juicio, abre el debate entre diversos sectores sobre el peligro de que el cúmulo de reenvíos y la lentitud de los juicios obliguen a dejar grandes casos de corrupción en la impunidad y las personas que se benefician de eso.
Para Participación Ciudadana, la decisión de los jueces que conforman el cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, representa un nefasto precedente para la lucha contra la corrupción.
Mientras que para el Colegio de Abogados, esta decisión confirma que solamente hay justicia para los más desposeídos.
Aunque consideran que la resolución del tribunal está amparada en la ley, legisladores de distintas bancadas también critican que sean solo las personas con muchos recursos los únicos beneficiados del debido proceso.
Luego del fallo, el titular de la Pepca, Wilson Camacho, reaccionó a través de sus redes sociales donde manifestó, “Siempre hay una excusa para favorecer a los procesados por casos de corrupción… Es difícil mover las fronteras de la impunidad, pero seguiremos empujando. ¡No nos ganarán por cansancio!”.
El cuarto Tribunal Colegiado declaró el jueves la extinción de la acción penal contra el exministro de Defensa Pedro Rafael Peña Antonio, el ex coronel Carlos Piccini Núñez y varios empresarios, a quien se le conocía un juicio de fondo por recibir el pago de más 3.5 millones de dólares en soborno que admitió una empresa brasileña para la compra de los aviones supertucanos.
Los jueces del cuarto Tribunal tomaron la decisión a solo tres meses de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional ordenara un nuevo juicio contra los acusados en el caso.
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